Oyarbide espera respuesta al pedido de intervención
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=29568
Aseguró que intervenir la obra social de La Bancaria es "sólo una acción administrativa" que depende del Ejecutivo. "Mi función se agotó", dijo.
El juez federal Norberto Oyarbide sigue a la espera de una respuesta del Gobierno sobre su pedido de intervención de la obra social del sindicato de bancarios (Solidaridad) conducido por Juan José Zanola. "No tengo respuesta oficial", remarcó el magistrado en declaraciones a la agencia DyN y recordó que el trámite es "sólo una acción administrativa" que queda en manos del Gobierno nacional.
"Mi función se ha agotado. Eso (por lo que ocurra sobre el asunto) ya depende del Poder Ejecutivo", concluyó Oyarbide. El oficio llegó al despacho del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En el texto el juez solicita la intervención de la obra social por la vinculación a la mafia de los medicamentos.
En el segundo allanamiento al Policlínico Bancario del viernes pasado, Oyarbide se llevó 20 cajas de remedios, historias clínicas y documentos relacionados con la droguería San Javier, uno de los principales proveedores del sindicato conducido por Zanola. También fue allanado el despacho de Paula Margarita Aballay, pareja del líder gremial. San Javier es propiedad del empresario farmaceútico detenido Néstor Osvaldo Lorenzo. "El resultado fue muy positivo para la causa, porque se ha podido localizar documentación que acredita todo el contacto comercial entre la obra social y la droguería San Javier", aseguró el magistrado.
LOS DAMNIFICADOS. Oyarbide informó que "se continúa con los testimonios de diversas personas que lograron sobrevivir a todos estos embates" de medicamentos adulterados que consumieron en sus respectivos tratamientos médicos. Y además, reveló que en su juzgado "tiene la nómina de personas fallecidas a raíz de todos estos tratamientos".
LAS AMENAZAS. El sindicalista bancario Hugo Dessal denunció que recibió amenazas por aportar pruebas para la causa judicial y afirmó que "la mano del Gobierno está protegiendo" a Zanola. Dessal involucró también a la esposa del jefe del gremio bancario porque consideró que "tenía un rol muy importante" y "manejaba los medicamentos".
El dirigente gremial precisó que, "en el expediente, consta que hay una resolución firmada por Zanola donde le da el poder para que haga ilimitadas cosas en el Policlínico Bancario". Al ser consultado sobre si Zanola tuvo algún vínculo con las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Dessal dijo que "hay testigos que lo han visto" a Damián Ferrón en la sede de la obra social y citó el testimonio que brindó su viuda, Mariel Izquierdo, quien confirmó también la relación de su marido con el jefe sindical.
NO, NO Y NO. El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, negó que la administración de Daniel Scioli le haya comprado medicamentos a dos sociedades comerciales atribuidas al detenido Néstor Lorenzo, investigado por encabezar la mafia de remedios adulterados.
"Nosotros nunca le hemos comprado a esas droguerías", afirmó Zin, luego de que trascendiera que las firmas Congreso Salud y Farmaline, que pertenecerían a Lorenzo, fueron proveedoras del Estado bonaerense.
El funcionario reclamó que se implemente "un listado oficial" para que se aclare "cuáles son las droguerías a las que no hay que comprarle nada", para "dejar de caminar por espacio muy estrecho de riesgo".
____________________________________________________________________________________
PJ-OLIVOS
Un fideicomiso con ban-K
http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=29545#D
Pruebas documentales, a las que accedió en exclusiva Crítica de la Argentina, revelan las presiones ejercidas por funcionarios nacionales para agilizar la creación del fondo en la Asociación Bancaria.
El fideicomiso que abrió las puertas a la mafia de los medicamentos en la Asociación Bancaria se formó al calor del kirchnerismo.
Pruebas documentales, a las que accedió en exclusiva Crítica de la Argentina, revelan las presiones ejercidas por funcionarios nacionales para agilizar la creación de ese fondo, que hoy la Justicia emparienta con corrupción, desidia y muerte.
Una de las pruebas más contundentes del papel del gobierno K es la nota que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió al Ministerio de Salud informándole que de no expedirse en una semana contra el fideicomiso, el mismo se constituiría de facto.
En el derecho administrativo ni el silencio presume conformidad ni los plazos para responder un expediente se limitan a una semana. Semejante diligencia por parte de la AFIP alertó a los investigadores sobre una connivencia entre el ente recaudador que conduce Ricardo Echegaray y la obra social de Juan José Zanola.
La nota de la sospecha es del 4 de noviembre de 2008 y fue redactada por el director de la Gestión de la Recaudación de los recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Sergio Omar Sullivan.
El destinatario directo fue el entonces gerente de asuntos jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Horacio Ballesteros. Se trata de la autoridad del Ministerio de Salud facultada para decidir sobre la suerte del fideicomiso.
Los tramos más salientes de la nota de la AFIP, a la que accedió este diario, son los siguientes:
“Cabe destacar que en la citada nota solicitábamos la opinión de esa Superintendencia en su carácter de autoridad de aplicación en la materia, sobre la viabilidad del Fideicomiso Solidaridad así como su factibilidad de dar el alta a la cuenta fiduciaria”.
“La Obra Social ha presentado toda la documentación relacionada con la cuenta del fideicomiso en la que no se han realizado depósitos debido a que se está a la espera de su aprobación”.
“De no recibir comentarios en el transcurso de la siguiente semana, se entenderá que no existen objeciones para la actualización del cambio de cuenta”.
¿Por qué razón la obra social de los bancarios buscaba administrar su dinero a través de un fideicomiso? En los papeles, para que la movilidad del mismo no peligrara ante eventuales reclamos de deudas u otro tipo de incumplimientos. De esta manera –justificaba Zanola– garantizarían las prestaciones básicas y en segundo orden, siempre y cuando hubiera excedentes, cancelarían deudas con proveedores y afrontarían los pasivos.
LA RESISTENCIA INTERNA. El Ministerio de Salud, entonces a cargo de Graciela Ocaña, cuestionó fuertemente la legalidad del fideicomiso y desacreditó los argumentos esgrimidos para su constitución.
Vale la pena reproducir al menos dos observaciones que el gerente de Control Económico Financiero de la SSS, Pedro Miguel Insausti, consignó en un expediente de 2008.
1) La Asociación Bancaria “no hace mención de los pasivos existentes en la obra social al momento de la constitución del fideicomiso ni su forma ni momento de cancelación”.
2) A diferencia de las obras sociales, que pueden girar sólo el 8 por ciento de los recursos brutos deducidos de los aportes al denominado Fondo Solidario de Redistribución a gastos administrativos, “los fideicomisos no establecen esos límites”.
Para decirlo en criollo: en ambos casos se manifiesta la imposibilidad de controlar el destino de los fondos millonarios del fideicomiso.
El 14 de noviembre de 2008, a través del expediente 140710/08, el gerente general de la SSS, Diego García de García Vilas, denegó finalmente a La Bancaria una autorización para habilitar la cuenta del fideicomiso. Zanola percibió la firme resistencia de Ocaña y su equipo y se lanzó a una gestión personal. Para mostrar el aval de la Casa Rosada fue a ver a la ministra acompañado por Juan Manuel Abal Medina, secretario de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete. Uno de los testigos del encuentro fue Juan Rinaldi, el hombre que “la Hormiguita” nombró al frente de la SSS.
La entonces ministra puso reparos sobre los integrantes del fideicomiso. Alertó que la prestadora Noss Sal (que sucedió a Intermedicina) no tenía representaciones en todo el país y que era San Javier, sospechada de manejos irregulares, y no otra droguería –como aseguraba Zanola– la que se estaba ocupando de la comercialización de los remedios.
A pesar del andamiaje de la AFIP y el guiño de la Jefatura de Gabinete y del propio Néstor Kirchner, quien participó de un acto donde se habló del fideicomiso, el titular de La Bancaria se fue de la reunión con las manos vacías e insultando a Ocaña.
EL PAPEL DE LA JUSTICIA. El sindicalista recién pudo alcanzar su objetivo en abril de este año, a través de un amparo judicial que le permitió sortear la negativa de la cartera de Salud. El fuero contencioso administrativo habilitó el fideicomiso –una cuenta en el Banco Provincia– tomando los argumentos de La Bancaria: la imperiosa necesidad de hacer frente a las prestaciones.
Sin embargo, fue la propia Justicia, en este caso la federal, la que el viernes allanó el Policlínico Bancario comprobando in situ la existencia de la mafia de los medicamentos. Ese día Norberto Oyarbide anunció que Zanola será citado a declarar y que sobre el dirigente gremial “hay un cerco que se cierra cada vez más”.
El juez confirmó las peores presunciones. Entre ellas que la droguería San Javier funcionaba dentro del propio Policlínico y que allí se comercializaban remedios vencidos. Hace dos semanas, Oyarbide había detenido preventivamente al titular de San Javier, Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico que Ocaña tildó como el “Yabrán de los medicamentos”.
El juez también escuchó denuncias de pacientes del Policlínico. “En esos testimonios han explicado, de modo coincidente, el desparpajo que existía en esa institución”, dijo. Muchas personas que se sometieron a tratamientos oncológicos murieron como consecuencia de los medicamentos truchos.
En rigor, semejante estado de situación, y también algunos negociados, ya habían sido detallados el 28 de noviembre de 2007 en un escrito que médicos y trabajadores del lugar le acercaron a Héctor Capaccioli, quien precedió a Rinaldi en la SSS.
El texto, ingresado por mesa de entrada con el número 128005/07, consignó que la obra social de los bancarios vive “un deterioro institucional, que le impide cumplir con las obligaciones prestacionales más elementales”.
En otro punto, alertó que las provisiones de medicamentos para tratamientos de patologías contempladas por la ley, como VIH, esclerosis múltiple, insuficiencia renal, etc., “son totalmente irregulares y sufren prolongadas discontinuidades”.
Capaccioli –quien además era recaudador de la campaña de Cristina Kirchner y tenía el padrinazgo político del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández– ignoró el reclamo. Entonces Ocaña, apenas asumió en el Ministerio, lo puso en la mira. Terminó vinculándolo a Lorenzo y al negocio irregular de los remedios. Y tras una fuerte pulseada pública, lo echó.
Pero el 29 de junio fue la ministra la que debió dejar el cargo por falta de apoyo político y hubo festejos entre los personeros de la mafia. Entre ellos Lorenzo, quien vaticinó orondo la vuelta de los negocios oscuros. Claro, no sabía que la Justicia lo estaba grabando ni que se convertiría en la punta del ovillo de las investigaciones que ayer motivaron un pedido de Oyarbide para que el Gobierno intervenga la obra social de los bancarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario