Provincia de Buenos Aires.-

Riesgo de paro en hospitales bonaerenses

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Los médicos presionan para la reincorporación de dirigentes de un gremio cesanteados en San Miguel y San Andrés de Giles. Carta documento a Scioli y amenaza de generalizar el conflicto a todos los establecimientos bonaerenses. Aguardan por negociaciones en la cartera laboral de la Provincia.

Los médicos y profesionales de la salud bonaerense reclamaron ayer al gobernador Daniel Scioli que intervenga para detener la “persecución” de dirigentes y trabajadores en centros de salud de los municipios de San Miguel y San Andrés de Giles.

El dirigente de la Cicop, Jorge Yabkowski, informó que “va a haber un Consejo Directivo ampliado, y nosotros ya le anunciamos al ministro de Salud y al gobernador de que podemos tomar medidas de fuerza generalizadas en el orden provincial” para evitar estos hechos, aunque aclaró que están “a la espera de que, con la mediación de la Provincia, los intendentes de Giles y de San Miguel retrotraigan las medidas”.

En el caso de San Miguel, Yabkowski explicó que “el presidente de la filial local y cuatro miembros delegados se opusieron a ser trasladados a los centros periféricos”, aunque consideró que fueron castigados con esa medida “por oponerse a una política de vaciamiento del hospital, de reducción de presupuesto y de servicios”.

“El Municipio -conducido por Joaquín de la Torre (FPV)- les aplicó el dictamen de cesantía, que todavía no fue firmado por el intendente a la espera de una audiencia que se realizará en estos días en el ministerio de Trabajo bonaerense”.

Respecto de San Andrés de Giles, se presenta una situación similar con el secretario general en esa localidad, y también se espera el resultado de las negociaciones en el ministerio de Trabajo.

Tanto el hospital de San Miguel como el de San Andrés de Giles son de gestión municipal, pero financiados por coparticipación de la Provincia. En el Larcade trabajan aproximadamente 200 profesionales médicos, y en el de Giles unos 80.

En el caso de esta última localidad, la problemática con los médicos fue parte de una interpelación sobre el funcionamiento del sistema de salud municipal que realizó el Concejo Deliberante local al intendente Luis Alberto Ghione (FPV).

 A todo esto, el Concejo Directivo de la Cicop envió una carta documento al gobernador Scioli, y anunció que realizarán hoy a las 11 una marcha desde el Hospital Larcade hacia la municipalidad de San Miguel para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos.

“Como respuesta a los reclamos de los profesionales de la salud del Municipio, De La Torre dispuso el traslado de 14 trabajadores a distintos Centros de Atención Primaria afectando gravemente la atención en los distintos servicios del hospital”, sostuvo el gremio. La decisión constituye  -dijo- “una medida de persecución sindical, como dejar cesante a Eduardo Barragán, secretario general de nuestro gremio en ese distrito”.

“El decreto que dispuso el traslado es una resolución compulsiva violatoria de la Constitución Nacional, Provincial, a la ley de Carrera Profesional (10.471) y a la ley de Asociaciones Sindicales”, dijo Hugo Amor, titular de la Cicop. “Fue una decisión política que debe ser revertida en forma inmediata por ser una clara persecución política y sindical a los que se oponen al desguace y posterior privatización del Hospital Larcade”, expresó el dirigente.

En este sentido, sostuvo que “la junta de calificaciones de la municipalidad de San Miguel, en un fallo también anticonstitucional y antisindical, dictaminó la cesantía para los profesionales sumariados por no aceptar los traslados compulsivos ordenados por el intendente”.

“En la carta documento enviada a Scioli le advertimos sobre la responsabilidad del gobierno provincial de que se respeten los derechos consagrados en las Constituciones nacional y provincial en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, manifestó el jefe sindical. “Ambos mandatarios municipales tienen en sus manos, junto al gobernador, la oportunidad de evitar la generalización del conflicto con las decisiones que adopten en esta semana”, concluyó Amor.

Estabilidad para trabajadores

El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, anticipó que este año se completará con el pase a planta permanente de los más de 2.500 trabajadores becarios y contratados que el sistema sanitario público tiene en los 77 hospitales y las diferentes reparticiones sanitarias en la Provincia.

“Esto es una política en recurso humano que viene desarrollando el gobernador Daniel Scioli y que, Dios mediante, este año vamos a terminar con el sistema de contratación transitoria”, adelantó el funcionario en declaraciones radiales.

Las últimas cifras proporcionadas por el Sindicato de Profesionales de la Salud señalan que los trabajadores en condición “transitoria” son unos 2.500; aunque desde el gobierno el año pasado se prometió incorporar a la planta estable a 3 mil empleados más.

Collia interpretó que el pase a planta “es un avance muy importante porque fortalece la pertenencia y la mística dentro del sistema, y se cumple como debe ser en la relación laboral estable, por eso estamos avanzando en eso”.

Por otro lado, consultado sobre la ola de calor que afecta a gran parte del país y el nivel de atención, dijo que “las consultas más importantes se dan en la Costa Atlántica, fundamentalmente en Mar del Plata y el partido de la Costa”, y admitió que “es una preocupación y por eso hemos dado información sobre el tema”.

En foco

La salud, herida de muerte

Este pequeño conflicto de dos localidades podría ser el conflicto de toda la Provincia. Pero el conflicto en sí pasa a ser un tema menor, porque la cruda realidad es que los hospitales están condenados a muerte producto de políticas erráticas que no buscan un cambio estructural para intentar revertir la situación.

La destrucción de la salud viene de hace muchos años, cuando las obras sociales sindicales y privadas también comienzan a estar heridas de muertes. Los recursos del Estado y las cuotas privadas no cubren los insumos y mantenimiento de las obras sociales, salvo aquellas amigas del poder.

La cantidad de personas que asisten a los hospitales públicos ha crecido de forma exponencial, por eso es que no asombra que para hacer una operación haya que esperar entre 15 y 20 días y en algunos casos hasta cuatro meses.

Los médicos hacen el juramento hipocrático por el que “la salud y la vida del enfermo serán las primeras de (sus) preocupaciones”. Es muy loable que lleven adelante un conflicto porque hayan echado a sus compañeros. Pero ellos también están capacitados para paliar la situación de los hospitales. Esperamos que empiecen a seguir esa lógica de buscar la salida a los problemas.