22 mar 2010

San Juan, Argentina.-

PEDIDO DEL FISCAL DANIEL GUILLÉN
A juicio por estafar a 332 personas con falsos cursos

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=391208
La acusada fingió ser enfermera y usó de pantalla al municipio de Caucete para promocionarse pero la apresaron.
Ya en el viaje en micro desde Buenos Aires a su Caucete natal, Martha Angela Ibáñez (50), decía ser una enfermera universitaria que volvía a su tierra a promocionar un curso de "auxiliar en enfermería" y otro en "estimulación temprana para neonatos", con el respaldo del municipio de La Plata, el de Caucete y Salud Pública local, con prácticas en los hospitales de Caucete y Rawson, con extensión de certificados o título habilitante y rápida salida laboral. Apenas llegó, cumplió su palabra: aprovechó que su primo trabaja en Acción Social del municipio caucetero para llegar hasta el intendente Juan Elizondo, y antes de que la autorizaran se instaló en el hall del edificio y empezó a cobrar 40 pesos por persona por la inscripción, y anticipaba el cobro de otros 10 pesos más por cada uno de los cuatro meses que duraría esos cursos que se iniciarían el 2 de marzo del año pasado. La oferta, en días en que cuesta encontrar trabajo, resultó demasiado tentadora y para quienes realmente querían capacitarse no hubo dudas.

Así, entre el 17 y el 20 de febrero del año pasado, Martha Ibáñez, engañó a por lo menos 332 personas (esa cantidad la denunció), pero desde el municipio descubrieron la falsedad de la maniobra, la obligaron a devolver el dinero (lo hizo en parte) y luego su propio primo la denunció. Cuando los policías de la comisaría 9na. la detuvieron, la sospechosa tenía 8.620 pesos en su poder, además de documentos que la complicaban más, como su falso título de enfermera.

Ahora, el fiscal de Instrucción Daniel Guillén le pidió a la juez de Instrucción María Inés Rosselot que eleve la causa a juicio, para que un tribunal superior juzgue por estafas reiteradas a esta caucetera, que hace unos 30 años emigró y se radicó en Buenos Aires, dijeron fuentes judiciales.

Para el fiscal, son claves pruebas como las múltiples denuncias, las pericias caligráficas en los comprobantes de pago que entregaba o el testimonio del dueño de una imprenta, que confeccionarle unos talonarios le pidió a la mujer su inscripción en la AFIP y no obtuvo más que excusas como respuestas. Aunque aquella vez la denunciaron 332 personas, se cree que las víctimas pudieron ser muchas más.

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