23 jun. 2011

ARGENTINA, "Los médicos dicen que, ‘si tu carga viral está bien, lo demás no importa’

SIDA-ARGENTINA
Pacientes marcados
BUENOS AIRES, ene (IPS) - Un nuevo estigma persigue a las personas portadoras de VIH. La mayoría recuperó la esperanza de vida, pero la medicación les provoca lipodistrofia o trastorno en el metabolismo de las grasas, que deja marcas irreversibles en el cuerpo con la consecuente pérdida de calidad de vida.
"Los médicos dicen que, 'si tu carga viral está bien, lo demás no importa', pero si no puedo relacionarme con nadie no quiero esa vida", dijo enfáticamente a IPS Marcela Alsina, de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

Desde que irrumpieron los antirretrovirales, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) dejó de ser una enfermedad mortal para ser un padecimiento crónico. Pero los tratamientos que devolvieron la esperanza plantean nuevos retos, en general minimizados por los profesionales.

"Yo era de los médicos que cuando me planteaban el tema de la lipodistrofia les decía que era un mal menor, que al menos estaban vivos. Pero ellos me respondían: 'sí, pero no quiero vivir así'", contó a IPS la infectóloga Mercedes Bisgarra.

Esta experta dirige el Programa de Sida del municipio de Tres de Febrero, ubicado en la oriental provincia de Buenos Aires en las cercanías de la capital argentina, que fue precursor en atención primaria de los casos de personas viviendo con el virus hace más de 20 años.

Bisgarra explicó que la lipodistrofia es un síndrome que comenzaron a ver en 1998, tras dos años de tratamientos eficaces con antirretrovirales que provocaban cambios en la distribución de la grasa corporal del paciente.

En una mayoría de personas bajo tratamiento se pierde grasa en la cara y resaltan los pómulos. También se pierde en brazos, piernas y glúteos, a la vez que se acumulan en mamas, abdomen o en la espalda, con el efecto de una giba.

Según la Sociedad Argentina de Infectología, la pérdida de grasa en malares (rostro) afecta a 57 por ciento de los hombres en tratamiento y a 22 por ciento de las mujeres en esa situación, y en glúteos a 60 por ciento y 47 por ciento, respectivamente.

El efecto de las drogas en el rostro se parece al que provocaba el sida cuando irrumpió la pandemia, comparó Alsina. Ese aspecto desmejorado de la cara limita a las personas en sus relaciones y en la búsqueda de empleo.

A los varones, las piernas y brazos se les afinan en mayor medida, en 68 por ciento de los casos, mientras que en las mujeres afecta a 53 por ciento. En cambio, ellas sufren más la acumulación de grasa en mamas y abdomen, hasta 74 por ciento de las portadoras en tratamiento, y ellos en 31 por ciento.

"Cuando nos reunimos en la red, la mayoría muestra signos evidentes", dijo Alsina, quien reveló que en los últimos encuentros el tema surge como una de las preocupaciones principales de los pacientes. Las mamas en los hombres es una impronta severa.

La lipodistrofia también impacta en niños, niñas y adolescentes. "Un chico de 12 años nos decía que en la escuela no saben que tiene VIH, pero sospechan que está enfermo por la cara huesuda y ese estigma hay que abordarlo", explicó la mujer.

Los adultos manifiestan sentir inhibición de relacionarse con una pareja, de tener relaciones sexuales o hasta de ponerse un traje de baño. "Nadie llega a abandonar el tratamiento, pero se sufre mucho y necesitamos alternativas", clamó.

"Tener VIH ya nos pone un montón de barreras. Si además no encontramos ropa que nos quede bien, no nos animamos a ir a una playa o tengo una joroba en la espalda, eso no es calidad de vida", advirtió.

Alsina es además coordinadora del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, y afirma que este tema todavía no se plantea tanto a nivel regional, porque está muy silenciado y hay otras prioridades.

Muchos países aún están bregando por asegurar la financiación del acceso gratuito a los tratamientos. En Brasil hubo algunos reclamos de tratamientos estéticos, pero son planteos individuales, aclaró Alsina. En cambio España acaba de lanzar una campaña.

Los propios médicos no son conscientes del impacto que tiene el problema en la autoestima de los pacientes. "Lo primero que debemos hacer es sensibilizar a los profesionales de la salud, porque ellos creen que es un tema de coquetería", apuntó.

Alsina entiende que hay alternativas que podrían frenar las deformaciones cuando comienzan a aparecer, como son los ejercicios. También hay inyecciones para el rostro o glúteos o cirugías para retirar la piel sobrante, pero el tema no está en la agenda.

Bisgarra explicó que a partir de estas inquietudes están tratando de "acomodar algunos tratamientos para que el retroceso sea gradual", pero admitió que no se sabe aún la razón de que en algunos pacientes se presenta la lipodistrofia y en otros no.

"Me parece muy bien el activismo de estas redes para que el tema se investigue y se discuta en foros, porque efectivamente los inhibidores de proteasa y de transcriptasa (enzimas) traen estas deformaciones en muchos pacientes", señaló.

Remarcó que las drogas provocan también daños renales, necrosis en los huesos y problemas cardiovasculares como infartos, debido al aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos que causan.

"No se trata sólo de luchar contra el virus sino contra los efectos adversos de la medicación", subrayó Bisgarra. Pero admitió que la lipodistrofia es la consecuencia más distintiva, y por lo tanto la que provoca un estigma.

Con la intención de visibilizar el problema, la red montó una exposición fotográfica en diciembre junto con la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está La Plata, la capital del distrito.

La muestra exhibe registros de la lipodistrofia junto al testimonio de pacientes. "Aprendí a vivir con el virus, ahora tengo que aprender a vivir con el cuerpo que las pastillas me dejan", dice, por ejemplo, Carmen.

Japón reduce aportes a campañas mundiales de salud

TOKIO, 14 jun (IPS) - Las campañas internacionales contra el sida, la tuberculosis y la malaria sufrirán pérdida de financiamiento tras la decisión de Japón de reducir sus aportes para enfocar fuerzas en la reconstrucción de las zonas destruidas por el terremoto y el tsunami de marzo.
Esos programas mundiales, parte de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio, podrían sufrir recortes de hasta 200 millones de dólares, señalaron grupos de ayuda.

En un intento de frenar críticas, el canciller de Japón, Takeaki Matsumoto, explicó a la prensa que su gobierno reduciría su ayuda oficial al desarrollo (ODA) solamente durante un año.

El presupuesto para la ODA de Japón este año era de 7.200 millones de dólares, menos de 0,18 por ciento del producto interno bruto. Pero en abril, el gabinete aprobó un recorte de 10 por ciento (600 millones de dólares).

Matsumoto reconoció que la reducción era "lamentable", pero aclaró que Tokio recortaría el gasto fundamentalmente para los préstamos en yenes y las contribuciones a fondos multilaterales, con el fin de minimizar el impacto económico de los grandes planes de recuperación luego del terremoto y el tsunami que azotaron a este país el 11 de marzo.

"La ODA de Japón es un pilar fundamental de su diplomacia y un motor del crecimiento económico asiático", sostuvo el profesor Takeshi Inoguchi, experto en relaciones internacionales. "Los nuevos recortes le darán un perfil más bajo a Japón en el escenario mundial".

Inoguchi dijo a IPS que no estaba de acuerdo con la decisión, y alertó iría en detrimento de los intereses nacionales japoneses en el largo plazo.

Las importantes donaciones recibidas por Japón tras el tsunami de parte de varios países, incluyendo del Sur en desarrollo, fueron un ejemplo del respeto internacional que este país ha ganado como donante, destacó.

Otra preocupación de Inoguchi es la posible pérdida de influencia japonesa en Asia frente al crecimiento de potencias como China, ya la segunda economía mundial, y de India.

"En un mundo cuya geopolítica cambia rápidamente y que ve una creciente influencia de China en la región, la decisión de recortar el presupuesto de la ODA para apoyar la reconstrucción de (la nororiental región de) Tohoku no tiene mucho sentido", dijo.

Tokio ha sido un importante donante para Asia en las últimas dos décadas y, a través de la ODA, ha ejercido un papel de liderazgo en la región apoyando la creación de una mayor infraestructura, la transferencia de tecnología, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Japón era el segundo mayor donante, detrás de Estados Unidos, para China e Indonesia. Y, en los últimos dos años, India ha sido una de las naciones más beneficiadas con préstamos en yenes y asistencia tecnológica japonesa.

Pero la posición de Japón se ha ido erosionando lentamente, y el año pasado cayó al quinto lugar entre los países donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El libro blanco de la cancillería japonesa sobre la ODA explica que las preocupaciones económicas internas y la falta de apoyo público fueron las causas principales de esa caída.

El documento, que establece la política nacional sobre asistencia internacional, fijó nuevas pautas para la ODA, incluyendo un enfoque en base a resultados y la promoción de una asociación con privados para hacer más efectiva la asistencia.

Mari Nakamura, economista del Instituto de Economías en Desarrollo, dijo IPS que el nuevo enfoque implicaba un trabajo estrecho con firmas privadas japonesas que impulsen la tecnología de avanzada y la experiencia en administración.

"Japón está revisando su antigua estrategia para concentrarse en darle ayuda a los países en desarrollo con su sector privado. La ODA japonesa respaldará a las compañías que quieran trabajar por el desarrollo", señaló.

En esta estrategia, señaló Nakamura, se incluyen nuevas investigaciones en sectores como las microfinanzas, los negocios sociales y la educación. También se tiene en cuenta la experiencia de las compañías en materia de ambiente.

Por ejemplo, la Sony Corporation prevé vender generadores de energía portátiles en países del Sur en desarrollo, en tanto que Ajinomoto, compañía líder de alimentos, inició estudios en Ghana para producir comida nutritiva para bebés de ese país africano.

Koichi Ishimaya, profesor de periodismo financiero e la Universidad de Waseda, sostuvo que la decisión de Tokio de reducir la ODA era un mal necesario ante las demandas económicas de un país azotado por un grave desastre natural.

El primer presupuesto suplementario de Japón, por 40.000 millones de dólares, fue aprobado en mayo.

"Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto interno", insistió.

No obstante, grupos de la sociedad civil se quejan de los recortes, que se espera reduzcan la contribución japonesa al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

La mayoría de los analistas aseguran que los recortes serán temporales, considerando la capacidad de superación de Japón, como lo demostró tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La salud se agrava en Colombia por gangrena de corrupción

La salud se agrava en Colombia por gangrena de corrupción
Por Helda Martínez
BOGOTÁ, 6 jun (IPS) - Millones de usuarios del sistema de salud en Colombia demandan que se anule la ley que regula la prestación del servicio, después de destaparse un escándalo de corrupción en el sector, que se suma a la deficiencia crónica y cada vez más aguda de la atención en los centros sanitarios.
Las primeras investigaciones confirman desfalcos que superan los 16 millones de dólares entre 2005 y 2010, cometidos bajo la modalidad del recobro de servicios al gobierno por las privadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

La Ley 100, vigente desde 1993, y su reforma de 2007, supusieron en la práctica la privatización operativa del sector de salud en Colombia, al quedar en manos del Estado solo los servicios médicos de las capas más pobres de la población y depender el resto de las EPS.


Pese al escándalo, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, permanente denunciante del sistema de salud actual desde su ingreso al parlamento en 2002, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que la criticada norma resulte anulada.


"No se producirá (la derogación). La coyuntura del gobierno será cambiar a unos vivos (aprovechados) poderosos, por otros más vivos y más poderosos", sentenció a IPS.


La ley determina un Plan Obligatorio de Salud, con medicamentos a cargo de las EPS, y reconoce el reembolso del valor de medicinas no incluidas en el programa, en situaciones específicas de gravedad del paciente. La devolución del dinero corresponde al estatal Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).


El desfalco se basó en solicitar el reintegro de una misma medicina varias veces, con sobrecostos de entre 39 y 671 por ciento por encima del valor real. Además, se incluyeron unos 100 medicamentos no autorizados o por clasificar dentro del plan obligatorio y se utilizaron nombres de personas fallecidas como supuestos usuarios.


El presidente Juan Manuel Santos informó el 2 de mayo que "descubrimos desfalcos monumentales y cerca de diez modalidades de recobros", al asegurar que lo hallado es solo "la punta del iceberg" de la presumible corrupción total con los reintegros de pagos de medicinas.


El destape de Santos del llamado "caso de los recobros" reactivó las denuncias permanentes por parte de organizaciones médicas y científicas, universidades, investigadores sociales y parlamentarios a lo largo de los 18 años de vigencia de la ley.


"Ha sido una larga lucha con participación de mucha gente. Es imperante establecer un sistema con auditoría real. Por eso, sin dejar de prestar el servicio, es fundamental derogar la Ley 100", anotó Robledo.


La exdirectora del estatal Instituto de Seguros Sociales, Cecilia López, denunció que "la plata (dinero) de la salud se la robaron los corruptos, los narcotraficantes y los paramilitares" de extrema derecha respaldados por estamentos políticos y militares, según ha comprobado la justicia.


Marcela Vélez, una médica especializada en sanidad pública y autora de "Salud: negocio e inequidad. Quince años de la Ley 100 en Colombia", también consideró indispensable que se anule la norma.


"La única forma de establecer control es fijar un sistema de pagos controlado. De lo contrario, seguir con el sistema actual hace imposible controlar los ingresos de las EPS y sus cuentas con el Fosyga" dijo Vélez.


Subrayó además que la gubernamental Superintendencia de Salud, responsable de los controles, no cuenta con recursos humanos y económicos para la tarea.


A las voces públicas se unieron las redes sociales. Facebook cuenta con grupos como "Abolición ya, a la Ley 100 de salud colombiana", con 34.104 miembros.


Con menos seguidores están "A que encuentro 40 mil colombianos que odiemos la Ley 100"; "Basta de rogar: salud y pensión con dignidad" y, "Un millón de firmas o más, para exigir la derogatoria de la Ley 100".


La ley fue promovida en su momento por el entonces senador derechista Álvaro Uribe, que después gobernó el país entre 2002 y 2010.


Uribe impulsó junto con su ministro de Protección Social, Diego Palacio, el cierre de hospitales públicos y universitarios de larga trayectoria, para consolidar el dominio privado del sector.


En diciembre de 2009, Uribe y Palacio emitieron 10 decretos de emergencia social, bajo el argumento de la urgencia en enfrentar la crisis económica de las EPS, que amenazaban con cierre de actividades.


Los decretos fueron declarados inexequibles (sin efecto) en abril de 2010 por la Corte Constitucional, por ser contrarios a la carta magna de 1991.


La grave situación del sistema de salud en Colombia se ahondó con el escándalo de los recobros y ha generado manifestaciones por diferentes puntos del país, en demanda de la anulación de una ley que permite el contraste de desfalcos millonarios con una precaria prestación de servicios.


La expresión más dramática de esta precariedad son los llamados "paseos de la muerte", de enfermos que terminan por fallecer frente a hospitales u otros centros de salud, tras haber sido llevados de uno a otro y negárseles atención por no tener respaldo económico o incluso por tener algún pago mensual atrasado con la seguridad social.


Diez días después de que Santos reveló el caso, fue intervenida la mayor EPS de Colombia, Saludcoop, con cuatro millones de afiliados, por presuntos ilícitos financieros, y el 24 de mayo se allanaron las instalaciones de otras cinco firmas.


El 31 de mayo, la Fiscalía General acusó formalmente a los primeros cinco implicados en el fraude: dos funcionarios del Ministerio de Protección Social, un subgerente de la aseguradora de capital español Sanitas, un asesor externo para varias EPS y un particular.


Por su parte, la Corte Constitucional comienza este martes 7 una serie de audiencias con ministros del gobierno de Santos y organismos estatales de fiscalización, control y acusación pública para que informen sobre el cumplimiento de la Setencia T-760 de 2008.


En ella se ordenó la revisión y mejora del sistema de atención sanitaria, mediante el fortalecimiento del Plan Obligatorio de Salud y la atención a niños y niñas que estuviesen excluidos del programa.(FIN/2011)

UGANDA Sin remedios contra el paludismo

KAMPALA, jun (IPS) - Una epidemia de paludismo azota al sureño distrito ugandés de Buikwe, pero los fármacos contra esa enfermedad se terminarán en dos días en el Centro de Salud Najembe, según la enfermera que allí trabaja. Habrá que esperar seis semanas para reabastecerse.
El Centro de Salud recibe los suministros que cada dos meses le envían desde el hospital del distrito de Kawolo. Los últimos llegaron a fines de mayo; con los próximos solamente contará a fines de julio.

Mientras, personal de esa dependencia no puede efectuar una solicitud especial ni al hospital de distrito ni a la Reserva Médica Nacional para recibir medicamentos que escasean. Así que los pacientes que necesitan fármacos contra el paludismo tienen que prescindir de ellos o comprárselos por su cuenta.


"Nos dan las mismas cantidades de medicamentos independientemente de las necesidades, y esto significa que siempre nos quedamos sin alguno, mientras que otros expiran porque nadie los usa", dijo la enfermera, que prefirió no ser nombrada.


El gobierno de Uganda cambió en 2009 la política de distribución de medicinas a centros de salud de distritos (hasta 12 aldeas) y subcondados, implementando una política donde la Reserva Médica Nacional decide qué fármacos suministrar y en qué cantidades.


Antes, los directores de estos centros de salud solicitaban las medicinas, dependiendo de sus necesidades. La Reserva Médica Nacional suministra 70 por ciento de los fármacos en los centros de salud pública, y los funcionarios distritales de la salud adquieren localmente el 30 por ciento restante.


Hamis Kaheru, portavoz de la Reserva, dijo que es necesario un cambio de políticas, porque en jerarquías más bajas falta personal competente para manejar el viejo sistema.


"El personal de los centros de salud (en distritos y subcondados) no tenía capacidad para determinar sus necesidades y no enviaba sus solicitudes a tiempo. Finalmente, la Reserva Médica Nacional no mandó los fármacos a tiempo y algunos faltaban porque fueron omitidos de la lista", dijo Kaheru.


La política se revisa cada seis meses, señaló, y él está convencido de que funciona.


Pero el sistema no está funcionando, según Denis Kibira, de la Coalición para la Promoción de la Salud y el Desarrollo Social (HEPS, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que realiza campañas para frenar la escasez de medicinas.


Kibira considera que la política es errónea y que es necesario revisarla.


Según él, es posible que los medicamentos escaseen porque la mayoría de los enfermeros en estos centros de salud no analizan a los pacientes para diagnosticarlos, sino que los tratan en base a sus síntomas. Kaheru coincidió.


La mayoría de la gente simula síntomas para recibir los fármacos que pronto se agotarán, dijo Kibira.


La HEPS realizó una investigación en por lo menos 20 distritos desde que el gobierno revisó por primera vez el sistema de distribución de fármacos, y concluyó que no funciona, pese a las garantías de las autoridades, planteó Kibira.


En un centro de salud del distrito de Kayunga, los aldeanos dijeron a IPS no tener medicinas desde hace dos meses y no contar con ningún enfermero.


El gobierno implementó el sistema actual en un intento por reducir la escasez crónica de medicinas esenciales que entre 2008 y 2009 experimentaron las clínicas de distritos y subcondados. Sin embargo, Kibira dijo que esta carencia se debe ampliamente al mal manejo de los suministros, a deficiencias en el proceso de compras y a un financiamiento inadecuado.


"Tuvimos la impresión de que la escasez original era por falta de dinero. Esperábamos que cuando le aumentaran el presupuesto a la Reserva los servicios mejorarían. Pero lo que vemos es que reincide la enfermedad que esperábamos curar", dijo Kibira.


En el presupuesto nacional 2009/2010, la Reserva Médica Nacional recibió casi 90 millones de dólares, en comparación con asignaciones previas de apenas 20 millones.


Según Kibira, con esta suma la Reserva podría suministrar fármacos vitales a los centros de salud de todo el país sin recurrir a un cambio de políticas. Antes no le correspondía una parte del presupuesto nacional y suministraba medicamentos a crédito, para luego pasarle la factura al Ministerio de Salud y a otras dependencias sanitarias. Esto causaba grandes demoras.


Pero Kaheru dijo que la política ya fue revisada dos veces luego de las consultas con los funcionarios médicos distritales, que deberían conocer las necesidades de sus áreas de jurisdicción.


"Esta política soluciona más problemas que los que crea", opinó.


Sin embargo, la HEPS pidió al gobierno que evalúe la política y aumente el financiamiento. Actualmente las autoridades aportan medicamentos por valor de unos 400 dólares a cada centro de salud distrital mensualmente. Cada centro de los subcondados recibe fármacos por unos 800 dólares.


Kibira dijo que representantes de la HEPS se reunieron con funcionarios del Ministerio que les aseguraron que volverían al antiguo sistema. Sin embargo, la Reserva negó que esto vaya a ocurrir.


Mientras, la enfermera del Centro de Salud Najembe no tiene alternativa cuando se queda sin medicamentos. Solamente puede prescribir a sus pacientes fármacos contra el paludismo y esperar que tengan el dinero para comprarlos por su cuenta.


(FIN/2011)

ARGENTINA, Los médicos expresaron su malestar con Manzur, Rojkés y Yedlin

http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=71907
LOS AUTOCONVOCADOS INSISTEN CON LAS CRITICAS A LAS POLITICAS OFICIALES
Los médicos expresaron su malestar con Manzur, Rojkés y Yedlin
[CONTINUA. Los reclamos se extenderán hasta que se solucione el diferendo.]
Al volver de su viaje a Buenos Aires, donde los galenos disidentes
nacionalizaron el conflicto que mantienen con el Gobierno tucumano, se
esgrimieron duras críticas a las actitudes asumidas por funcionarios
kirchneristas y senadores que responden al alperovismo por no haberlos
recibido y por no interiorizarse de la situación acaecida.

22/06/2011 11:01 PM | Luego de la mini estadía por parte de los
Autoconvocados de la salud en tierra porteña donde arribaron para
expresar y nacionalizar el reclamo en pos de conseguir mejores
condiciones laborales y salariales, la mayor parte de los galenos
retornaron ayer a la provincia y dejaron traslucir el conformismo por
las múltiples actividades realizadas en la Ciudad de Buenos Aires como
así también del apoyo recibido a través de instituciones de orden
federal.
Sin embargo, no todas fueron rosas para los trabajadores del sector ya
que, al igual de lo que sucede por estos lares donde la indiferencia
es la característica que sobresale en las esferas gubernamentales para
con el reclamo que ya lleva transcurrido más de dos años, figuras
políticas de renombre que representan a Tucumán en ámbitos de poder
también se negaron a recibirlos y de esta forma interiorizarse sobre
la crisis del sistema sanitario comarcano.
"Pudimos expresar a todo el país de qué se trata nuestra lucha, de
cómo trabajadores de la salud tomaron la bandera de defender y fijar
una posición para enarbolar un modo de reclamo con el objetivo de
llevarlo hasta las ultimas consecuencias", señaló Julián Nassif
(delegado del hospital de Niños) momentos después de haber descendido
del micro que trajo a los sanitaristas hasta la zona de plaza
Independencia, donde se encuentra la "carpa de la dignidad". En esta
línea, consignó los aspectos centrales en los que se alinearon los
requerimientos elevados, tanto a parlamentarios como así también a la
propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entre
estos ítems se destacan la reivindicación salarial digna,
efectivización del 82 por ciento móvil, como así también el ítem de
insalubridad y lograr una ley de carrera sanitaria que sea acorde a la
labor emprendida.
Nassif, al respecto, cargó sus tintas ante la actitud asumida por el
Ministro de Salud del gobierno kirchnerista, el tucumano Juan Manzur,
quien no recibió a los médicos, pese al petitorio elevado a tal fin y
al corte que concretaron frente a la dependencia a su cargo, en la
avenida 9 de Julio. "Siempre hay un punto que contrasta, es
lamentable, triste, pero es una realidad. Esa nota contrastante la dio
el señor vicegobernador en uso de licencia Manzur cuando fuimos a
buscar de establecer un diálogo, el cual se nos fue negado
categóricamente".
"Ausentes" e "ineficaces"
Además, el pediatra indicó que "hemos evidenciado a nivel nacional que
la misma sordera e incapacidad provincial para establecer un diálogo
fecundo y que encuentre una solución a este conflicto se da en el
ámbito nacional pero con la figura de Manzur".
Las críticas, lejos estuvieron de acallarse y resumirse bajo la
persona de quien será nuevamente el compañero de fórmula del
gobernador José Alperovich en las elecciones de agosto próximo, sino
que los cañones fueron direccionados a su vez a los senadores
peronistas que no se hicieron presentes en la reunión de las
Comisiones de Salud y Trabajo citada en la Cámara Alta, en la cual los
galenos dieron su informe a los parlamentarios del estado de situación
de Tucumán en materia sanitaria.
Dichos legisladores fueron Sergio Mansilla y Beatriz Rojkés,
especialmente esta última se llevó los mayores repudios. "Brilló por
su ausencia, una vez más no acude, le da la espalda a los verdaderos
trabajadores que van a reclamarle legítimamente los derechos laborales
y eso no hace más que acrecentar y actualizar las palabras que de su
boca salieron en el 2009 cuando expresó que la situación conflictiva
no existiría si las designaciones (de los médicos en el SIPROSA) se
hubiesen hecho con aquellas personas anuentes a ellos (al Gobierno).
Una tristísima y vergonzosa conducta de quien dice representarnos pero
sectoriza y nos deja de lado", remató.
Se resaltó que con posterioridad al encuentro con los parlamentarios
(José Cano, Juan Casañas, Gerardo Morales, Hilda Duhalde), los mismos
le informaron al Movimiento que el próximo 29 de este mes se hará
público un documento donde el Senado solicite al Gobierno de la
provincia que "intervenga de forma verdadera y directa para solucionar
el conflicto", remarcó el facultativo consultado.
Por otra parte, Nassif se abocó a deslegitimar el Consejo Comunitario
llamado por el ministro Pablo Yedlin bajo el cual se persigue la
conjunción de múltiples estamentos vinculados con el área, de forma
tal de arribar a una instancia resolutiva definitiva. Este mecanismo
fue puesto en duda en materia de efectividad, pues se sostiene que
"nunca funcionó y ahora este ministro de gestión mediocre e ineficacia
total recurre a ella para seguir fracasando con su política".
Finalmente, se indicó que está muy avanzada la posibilidad de
concretar un acampe los días 8 y 9 de Julio frente a Casa Histórica
como una forma de presión al alperovismo puesto la visita a la
provincia de Cristina Fernández para conmemorar la fecha patria.
A ello se suman las restricciones en la atención hospitalaria que se
registran hoy en día. El viernes, la continuidad y forma de la
protesta serán analizadas en nuevas asambleas a desarrollarse en cada
uno de los nosocomios locales, para confluir en una reunión de
delegados a las 13.00 en la sede del SITAS.

ESPAÑA, necesita 2.280 enfermeras más para alcanzar la media española

- La Organización Colegial Autonómica de Enfermería destaca
especialmente la carencia de matronas y de profesionales de Enfermería
de Salud Mental en los centros sanitarios.
España, junio de 2011.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat
Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante aseguraron que en el sistema sanitario valenciano
faltan un total de 2.280 profesionales de Enfermería para alcanzar la
media española de enfermeras por habitante, y destacaron especialmente
la carencia de matronas y de profesionales de Enfermería de Salud
Mental en los centros sanitarios.
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, subrayó que la Comunitat
se encuentra a la cola de España en la cifra de enfermeros "con apenas
463 profesionales por cada 100.000 habitantes" lo que supone que "un
enfermero valenciano atiende al doble de pacientes que un enfermero de
Navarra con 913 profesionales por cada 100.000 habitantes". Por su
parte, la media nacional se sitúa en 531 enfermeros por cada 100.000
habitantes, mientras que la media europea es de 808.
Además, según recordó, el "déficit" de profesionales de Enfermería en
la sanidad de la Comunitat Valenciana "se agravará con la implantación
del Plan Bolonia y el Grado de Enfermería ya que en el año 2012
solamente se graduarán entre 25 y 30 alumnos de Enfermería debido a la
adaptación de los planes de estudio".
En cuanto a las especialidades de Enfermería, el presidente del CECOVA
criticó que la Comunitat Valenciana cuenta con "menos matronas en
formación de las acreditadas por el Ministerio de Sanidad para ello
con el consiguiente déficit acumulado de matronas en el sistema
sanitario público". Además, "tampoco se convocan las plazas de Salud
Mental en las convocatorias de empleo público para dar trabajo a los
diez enfermeros especialistas en Salud Mental que se forman cada año
desde 1999", lamentó.
Por otro lado, instó al Gobierno valenciano a aplicar la Ley 8/2008,
de Derechos de Salud del Niño y el Adolescente, que exige a los
centros de Educación Especial de la Comunitat Valenciana la puesta en
funcionamiento de un servicio propio de Enfermería escolar. Asimismo,
Ávila exigió que todos los colegios cuenten con un enfermero, pues, a
su juicio, "si se invierte en los más pequeños se invierte en un país
con un futuro más sano".
En esta línea, el responsable del CECOVA resaltó que "a pesar de que
la Conselleria de Sanidad está dando pasos muy lentos y dubitativos"
para dotar de servicios de Enfermería a los centros de Educación
Especial, como establece la Ley 8/2008 de Derechos de Salud del Niño y
el Adolescente, numerosos ayuntamientos "apuestan por extender este
servicio para asegurar el bienestar sanitario de sus escolares". Así,
recordó que numerosos ayuntamientos como Mutxamel, La Vila Joiosa,
Carlet o Benicàssim, entre otros, han suscrito convenios para que sus
escolares tengan la asistencia sanitaria adecuada.
Por otra parte, el presidente del CECOVA pidió a la Conselleria de
Sanidad que traslade a una ley específica los protocolos de riesgo
biológico y "siga el camino marcado por Madrid, Castilla-La Mancha,
Baleares y Galicia para garantizar la seguridad de los profesionales
sanitarios frente a posibles infecciones".
Respecto a la Ley de Dependencia, el presidente del CECOVA solicitó a
la Conselleria de Bienestar Social la inclusión de profesionales de
Enfermería en los equipos de valoración de las personas dependientes
porque, según recordó, la responsabilidad de los cuidados "es
competencia exclusiva de las enfermeras que no sólo deben realizar los
planes de cuidados sino encargarse de la supervisión de éstos y de las
tareas que realizan otros profesionales como son las auxiliares".

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