20 nov. 2014

Piden no castigar a enfermero en Guantánamo

MIAMI 

La Asociación Estadounidense de Enfermeros exhortó a los militares a no castigar a un enfermero de la Armada que se negó a participar en la alimentación por la fuerza a prisioneros en huelga de hambre en la base naval de la Bahía de Guantánamo.

La presidenta de la asociación, Pamela Cipriano, indicó en una carta dirigida al secretario de Defensa Chuck Hagel que aquél estaba ejerciendo su derecho a respetar el código ético para los enfermeros. La misiva fue difundida el miércoles.

Se trata del primer enfermero en el personal médico de la base estadounidense en Cuba que se sabe se niega a alimentar forzosamente a los prisioneros en huelga de hambre para protestar por su confinamiento. A mediados de año fue enviado de vuelta desde Guantánamo.

Un abogado del teniente no identificado dijo que su representado enfrenta un posible castigo administrativo que podría costarle las prestaciones de retiro y para veteranos.

“En la provincia necesitamos 8 mil enfermeros y en la realidad llegamos a 2 mil

El enfermero sostuvo que antes la oferta era solo en la Universidad Nacional de Misiones y que ahora hay otras instituciones superiores que la ofrecen.
 
Castillo dijo que otro déficit de relevancia son las especializaciones. "En todas las áreas van cambiando los paradigmas y necesitamos actualizarnos para la demanda de servicio de salud. Hoy por hoy las tecnologías en  la salud va en avance permanente, por lo tanto, desde este punto  necesitamos actualizarnos", expresó.
 
En cuanto a las actividades que llevan adelante esta semana en la plaza 9 de Julio, añadió que son diferentes formas  de mostrar las tareas que realiza el servicio de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud.  
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Piratas SA: atendían emergencias con médicos y enfermeros truchos

Hay dieciséis personas acusadas de asociación ilícita y otros delitos. Entre 2005 y 2010 cometieron más de cuarenta delitos. Estafaron a empresas y organismo públicos, entre ellos escuelas

Dieciséis personas acusadas de integrar una asociación ilícita que entre los años 2005 y 2010 brindó irregularmente servicios médicos y de traslados en ambulancias, serán juzgados por varios delitos, ya que la Justicia de Garantías avaló la elevación a juicio solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Para el Ministerio Público Fiscal, está comprobado que los imputados -con distinto grado de participación- cometieron 44 hechos. Falsedad de instrumento público, usurpación de títulos, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la medicina, defraudación agravada, estafas continuas y lesiones graves, son los delitos comprobados durante la investigación.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el juez de Garantías Daniel De Marco avaló el pedido de elevación formulado por el fiscal David Bruna. La extensa investigación -iniciada en 29 de enero de 2008- consta de 1890 fojas de actuación, diez cuerpos de expediente y veinticinco anexos documentales. En la misma se detalla que "los imputados conformaron y participaron en una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo el rubro comercial de empresas de emergencias médicas".

La dirección de las tareas estaba a cargo de Alberto Netti -fallecido durante la investigación- su esposa Francisca Bernardo Lezcano y su hija Silvia Carla Alfieri. Con el apoyo de otros sujetos que "prestaban sus nombres" explotaron varias firmas comerciales, de las que mutaban su razón social pero sin modificar la estructura de recursos. Algunos de las firmas investigadas fueron Latir SRL, Vasil Corp SRL, Mar del Plata Salud SA, Roanmed y Latir Cilsalud.

Durante 2008, cerca de treinta cooperadoras escolares y el Ente Municipal de Deportes pagaron por esos servicios.

En diálogo con 0223, el fiscal Bruna señaló que "los imputados rotaban en sus cargos dirigenciales con el único objetivo de evitar la correcta individualización y así responder judicialmente por el resultado de sus actividades" desde el plano civil, comercial falencial o penal. Para lograrlo falsificaron documentos públicos y privados tendientes a ser presentados ante organismos de contralor como la Dirección de Personas Jurídicas, Registro de la Propiedad Automotor, Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Obras Sanitarias Sociedad de Estado Mar del Plata y Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con el fin de lograr las habilitaciones respectivas y simular su correcto funcionamiento.

 

Mutuales, obras sociales, escuelas y el municipio

A lo largo de su accionar, los imputados ofrecieron y brindaron sus irregulares servicios a una gran cantidad de instituciones públicas y privadas. Según los investigadores, las mismas fueron víctimas de estas personas, ya que los habían contratado confiando en la documentación apócrifa que les presentaban.

Varias obras sociales y mutuales que tenían tercerizado el servicio de traslado en ambulancia, contrataron a algunas de las firmas investigadas. Durante 2008, cerca de treinta cooperadoras escolares y el Ente Municipal de Deportes también pagaron por esos servicios.

La impunidad con la que actuaban los imputados permitió que en abril de ese año, Alberto Netti participara de una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante para mejorar el servicio de ambulancias. Durante su exposición, se identificó como representante de Mar del Plata Salud y pidió que "no se haga negocio con la emergencia" y que tenía todas las autorizaciones para brindar el servicio de ambulancias.

 

Consulte si experimenta un cambio

A medida de que los imputados modificaban los nombres comerciales de las firmas o la composición de sus directorios, algunos profesionales que trabajaban en las mismas dejaban de tener relación laboral. Sin embargo, está probado que en más de una oportunidad, les "extraviaban" los sellos profesionales y los seguían utilizando para la presentación ante potenciales clientes o -peor aún- recetar y aplicar medicamentos sin la tener la formación necesaria.

En la investigación se demostró que la principal actividad delictiva consistía en adulterar la solicitud de prestaciones médicas correspondientes a cada una de las emergencias cubiertas, falsificando las firmas y los sellos aclaratorios de los profesionales médicos que allí constaban, colocando matrículas inexistentes o usurpando otra sí existentes de médicos en actividad o ya fuera de ella. De esta manera facturaban indebidamente a los clientes particulares, organismos privados y estatales por servicios de emergencia con un nivel de costo profesional inexistente, habida cuenta que los servicios eran prestados por personas legas en el ejercicio de la medicina.

Los imputados le 'extraviaban' los sellos profesionales a los verdaderos médicos y los utilizaban para recetar y aplicar medicamentos.

Para la fiscalía "además de las fraudulentas constituciones societarias, la falsificación de documental y las estafas simples y agravadas llevadas a cabo, inescrupulosamente consta que el personal de las ambulancias sin capacitación profesional, diagnosticaba y aún peor, recetaba y aplicaba medicamentos a los infortunados pacientes circunstanciales".

 

"Oiga doctor..."

El mal accionar de personal no capacitado para la tarea, que usurpaba títulos y prescribía medicamentos sin la preparación adecuada, provocó -a costa de lesiones gravísimas que sufrió un paciente - que las estafas quedaran al descubierto.

A finales de enero de 2008, un joven que se había accidentado en el parque Municipal de los Deportes, fue atendido por personal de una de las empresas investigadas. Mientras la ambulancia lo trasladaba al hospital, el "personal profesional" le aplicó una inyección en el brazo que le provocó una infección y la posterior amputación de la extremidad. La denuncia que formularon los padres del menor, fue la punta que permitió más de seis años después elevar la causa a juicio.

Bruna confirmó que entre los imputados, hay diferentes tipos de responsabilidades y que más allá de la investigación, hay personas que no pudieron ser identificadas. El "médico" que actuó en el caso que generó la pérdida del brazo del menor, es uno de ellos.

El 'personal profesional' le aplicó una inyección a un joven, le provocó una infección y la posterior amputación de la extremidad.

Aunque en un momento llegaron a ser 26 los imputados por algunos de los delitos, en varios casos la propia Fiscalía pidió su sobreseimiento. Algunas de esas personas no tuvieron conocimiento que –tras haber dejado de trabajar en la empresa- sus sellos o números de matrículas eran utilizados para estafar a los clientes.

A lo largo de todo el proceso, los defensores de los imputados presentaron variados recursos y se opusieron a la requisitoria. Una vez que el pedido de la Justicia de Garantías quede firme, se definirá el Tribunal y la fecha de juicio. Hasta ese momento y tal como sucedió desde el inicio de la causa, las personas acusadas seguirán en libertad. 

RE:

Federal Bureau of Investigation (FBI) J. Edgar Hoover Building Building in Washington, D.C., United States of America Attention "BENE...