2 mar. 2016

Reino Unido busca 30.000 médicos y enfermeros

En dos años, la demanda de médicos ha crecido un 60 por ciento, hasta las 4.669 vacantes
El Reino Unido tiene miles de puestos vacantes para médicos y enfermeras, lo que pone sobre la mesa un problema de reclutamiento de este tipo de personal en la sanidad pública del país (NHS). Una realidad en buena parte achacada a la crisis económica que, desde 2008, recortó  notablemente los puestos de trabajo sanitarios.

Simon Stevens, director del NHS.

La cadena británica BBC ha accedido a unos datos que dan cuenta de cómo dos tercios de los centros médicos del país tratan de reclutar a profesionales sanitarios en el extranjero, ante la falta de personal cualificado en el Reino Unido.

Las estadísticas que han salido a la luz muestran cómo, a 1 de diciembre del pasado año, la sanidad pública británica (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) tenía más de 23.443 vacantes de enfermería, es decir, un 9 por ciento de puestos por ocupar.

En el caso de los médicos, el número de vacantes ha tenido un crecimiento enorme entre 2013, cuando había 2.907 plazas libres, y 2015, con 4.669; es decir, un aumento del 60 por ciento. Además, en Urgencias las vacantes ascienden a 243, representando un 11 por cien; en pediatría, hay 221 plazas libres, un 7 por ciento de las vacantes totales.

Enfermeros ajenos a CCSS harían reclamo por salarios


Otras instituciones públicas podrían encarar reclamos salariales millonarios de los enfermeros, similares a los que hoy enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según la Asociación Nacional de Enfermeros Profesionales (ANPE), entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), hay unos 160 afiliados que también harían valer el Estatuto de Servicios de Enfermería, publicado en octubre de 1987, pero vigente nueve meses después (julio de 1988).

"Todos los enfermeros profesionales que trabajan en el Gobierno Central tienen derecho a esto, pues se hizo un cálculo inadecuado a la hora de pagar sus salarios", dijo Rodrigo López García, secretario general de ANPE.

Por ahora, solo la Caja acumula tres denuncias, desde el 2002, las cuales, de acuerdo con López, están en la fase de ejecución de la sentencia. La primera de ellas es la de un grupo de 129 profesionales en Enfermería a quienes se les debe cancelar, de forma retroactiva, lo que les deben desde 1988. Un juez determinó que hubo un mal cálculo salarial.

Esa primera demanda representará para la Caja un pago de ¢3.800 millones, confirmó José Luis Loría, directivo y presidente de la Comisión de Pluses de la Junta Directiva de la institución. Además, hay otros 942 casos que podrían implicar para la CCSS una erogación de más de ¢100.000 millones, en reconocimientos de ajustes salariales retroactivos.

Deuda crece. En lo que respecta a esa institución, López dice que los trabajadores y sus representantes intentaron negociar en su momento, pero la Caja no quiso y así pasaron de instancias administrativas a judiciales, donde la Sala II les dio la razón en el 2010.

"Seis años después, se han acumulado intereses mayúsculos. ¿No debía un funcionario público prever que este evento pudiera venir y evidenciar mayores cosas para el Estado si ya estaba advertido de que los procedimientos jurídicos estaban dando la razón?", cuestionó López.

Wilfredo Gómez, enfermero profesional que forma parte del segundo grupo que demandó a la Caja, asegura que solo el pago de intereses representa entre un 60% y un 70% del monto total que la institución deberá cancelar.

Hubert May Cantillano, apoderado especial judicial de gran parte de los profesionales en Enfermería que demandan a la CCSS, dijo a La Nación, que "esta situación es de entera responsabilidad de la CCSS".

"Es muy fácil para los directivos de la CCSS hacerse las 'víctimas' cuando lo cierto es que han sido negligentes en este tema y son enteramente responsables de sus actos. ¿Cuáles actos? Haber aplicado mal la ley del gremio de enfermeras. (...) No es correcto ni ético pretender echar la culpar a los jueces y magistrados, personas muy honorables, estudiosas y serias", señaló el jurista.

Para May, "no se trata de un asunto de pluses salariales, pues la falla estuvo en el error cometido al disminuir el salario base, que es el parámetro de cálculo para otro tipo de beneficios".

URUGUAY: El caso enfermeros, un dolor de cabeza para nueve jueces y fiscales



El Observador / El 17 de marzo de 2012, hace prácticamente cuatro años, en Uruguay se produjo una noticia que recorrió el mundo: dos enfermeros fueron enviados a la cárcel acusados de matar a 15 pacientes en el Hospital Maciel y en la Asociación Española suministrándoles medicación no indicada. Los imputados, Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, confesaron en la Policía y en el juzgado. Junto a ellos fue procesada por encubrimiento una enfermera.

Los enjuiciamientos dieron inicio a un proceso muy complejo y extenso donde, finalmente, las pericias forenses concluyeron que no había pruebas de los homicidios. El 16 de julio de 2013 el fiscal Gilberto Rodríguez (que actualmente se desempeña en crimen organizado pero que tampoco intervino en el caso desde el inicio, ya que originalmente actuó Diego Pérez) solicitó que Acevedo y Pereira fueran condenados a 14 y 16 años de prisión respectivamente acusándolos por homicidios en grado de tentativa. 

Sin embargo, el 25 de febrero de 2015 la jueza Dolores Sánchez desestimó la acusación de Rodríguez y absolvió a Pereira y Acevedo, que recuperaron la libertad al concluir que la imputación contra ellos se basó en un "rumor".

Ante la absolución, la fiscal Mónica Ferrero (la tercera que interviene en el caso luego de Pérez y Rodríguez) apeló. El expediente fue elevado al Tribunal de Apelaciones Penal de 1º Turno, donde uno de sus integrantes, Rolando Vomero (que se jubiló en diciembre del año pasado), se abstuvo de intervenir por haber procesado a los enfermeros siendo juez de primera instancia.

Debido a la abstención de Vomero se integró a la sala el ministro William Corujo, que es integrante del Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno. Así, los responsables de decidir sobre si hay méritos para condenar o confirman la absolución de los enfermeros serían los ministros Sergio Torres, Alberto Reyes y Corujo.

Al tratarse de una sentencia definitiva, sea en el sentido que sea y a diferencia de cuando se confirma o revoca un procesamiento, debe ser emitida con tres votos coincidentes. Esa mayoría no se logró entre Torres, Reyes y Corujo, motivo por el que hace dos semanas se sorteó un nuevo ministro que estudiará el expediente para intentar inclinar la balanza. Se trata de Ángel Cal, ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno, que esta semana recibió el expediente, dijeron a El Observador fuentes judiciales.

Cal tendrá un plazo de 60 días para estudiar el caso. Si con su voto se alcanza la mayoría requerida, se dictará la sentencia que confirmará la absolución o condenará a los enfermeros. En caso contrario se sorteará otro magistrado para que, de esa forma, finalmente, la causa tenga resolución. De cualquier modo es muy probable que el expediente llegue a la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación que presenten las defensas si el fallo es condenatorio o de parte de la fiscalía si se confirma la exoneración.

Solo un rumor Al absolver a los enfermeros, la jueza Sánchez concluyó que no hay pruebas de los delitos y afirmó que el caso se basó en un "rumor". "Nadie los vio efectuar ningún procedimiento inusual, ni dar muerte a paciente alguno, ni en el Hospital Maciel ni en la Asociación Española se notó un aumento significativo de muertes en los CTI donde estos trabajaban", sostuvo la magistrada.

"Ya afirmemos que sea fama o rumor (para mi solo un rumor) lo que surgió del Hospital Maciel y que se le imputó a Pereira los testimonios examinados al respecto, solo prueban eso: el rumor o la fama, no el hecho en si mismo", argumentó Sánchez en la sentencia absolutoria dictada en febrero de 2016 y que determinó la liberación de los enfermeros.

Para la magistrada "los encausados no han cometido ilícito alguno" y por eso corresponde absolver a Pereira, Acevedo y también a Acosta, que no pudo encubrir un delito no probado. 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA PIDEN RESOLVER REAJUSTE SALARIAL



TEGUCIGALPA. La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, Aida Codina, aseguró este lunes que ese gremio realizó una negociación con la Secretaría de Salud a lo cual se les encargo hacer el impacto financiero, mismo que fue desarrollado y que a la fecha no ha tenido respuestas.

Ante la negativa de las autoridades administrativas, Codina manifestó que "estamos muy molestos con esa actitud de no querer resolver un problema que ya tiene un dictamen favorable para que se nos pague el reajuste a la base salarial que esta adeudad desde el año 2013".

Por otra parte, declaró que se han hecho propuestas de negociación en el sentido de hacer efectivo un cincuenta por ciento este año y el resto para el siguiente, "ya que entendemos que hay una situación de presupuesto limitado", apuntó.

"Nosotros hablamos que el reajuste es de 3 mil doscientos lo que se adeudaría acumulado del 2013 al 2015 como deuda, a la cual se ha pagado solamente a otros gremios esa misma cantidad que iniciaron desde enero a pagar a los médicos, odontólogos y posiblemente a la Asociación de auxiliares de enfermería".

Expresó que el temor de esta situación es que no dejen dinero para pagar la deuda, de lo cual se están aprovechando por la emergencia nacional del Zika a la cual todo mundo trabaja, por lo que al no brindarnos oportunidad de hacer un movimiento nos estarían obligando a realizar un paro de laborales, al cual no queremos llegar para no dañar a la población.

RE:

Federal Bureau of Investigation (FBI) J. Edgar Hoover Building Building in Washington, D.C., United States of America Attention "BENE...