Por Hugo Hernández (hhm@eldiario.com.uy) | Domingo, 11 de marzo del 2012
La situación del CTI del Hospital Pereira Rossell, una vez más, puede
derivar en el cierre de camas para la atención de recién nacidos. Los
funcionarios se declaran en pre-conflicto y denuncian falta de
personal en todos los turnos, además del deterioro por deficiencias en
el mantenimiento de los equipos médicos.
Los enfermeros afirman que en algunos casos, un solo enfermero debe
hacerse cargo de una sala con 35 niños. El ausentismo ronda el 40%
pese a diferentes soluciones que intentaron aplicar las autoridades.
"Se sacaron seis licenciadas de la asistencia y se colocaron como
supervisoras para supuestamente solucionar el tema del ausentismo,
pero ahora es mayor. El sistema de las supervisiones derivó en mayor
burocracia y mayor ineficacia", comentó a El País Luis Pérez,
dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Administración de
Servicios del Estado, AFASSE.
El reclamo gremial también incluye un ajuste salarial con el objeto de
equiparar salarios con los de la atención privada. "Hoy los salarios
han tenido una pérdida de más del 40% de su valor real y el sector
privado tiene una diferencia superior a los $ 10.000 con lo que
actualmente paga Comisión de Apoyo", dijo Pérez. La Comisión de Apoyo
es un órgano de contratar personal no presupuestado para palear las
deficiencias de atención.
AFASSE mantendrá una reunión con la dirección de ASSE el próximo
martes. En función de los resultados de la misma decidirás qué medidas
tomar. La más importante es la de ir bloqueando las cunas de recién
nacidos que vayan quedando libres.
Los funcionarios sostienen que para el Estado sería mucho más
económico recuperar el nivel de atención en los centros públicos que
seguir contratando camas en los sanatorios privados. "Mientras ASSE
gasta más de US$ 2.800.000 mensuales en camas de CTI y estudios en
mutualistas privadas, con menos de US$ 100.000 se solucionaría la
falta de recursos humanos y condiciones laborales en la emergencias y
CTI públicos y se ahorrarían más de US$ 2.500.000 reales", afirmó
Pérez. Agregó. "Estamos volviendo a la época, anterior a los 90, en
que los CTI públicos estaban todos tercerizados. Hay una política
equivocada".
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