5 abr. 2013

Médicos y enfermeras exigen crear una agencia para coordinar a las comunidades

Los consejos generales amenazan con una iniciativa popular si no se atienden a sus 85 medidas para el SNS

os médicos y las enfermeras han decidido dejar las cosas claras a los partidos políticos, a la sociedad y a los diferentes ejecutivos, tanto nacional como autonómicos, sobre su postura ante la actual situación que vive el Sistema Nacional de Salud (SNS). El enfrentamiento del departamento que dirige Ana Mato con algunas comunidades autónomas por los recortes y la privatización de algunos servicios -como quiere hacer la Comunidad de Madrid- han provocado que la atención sanitaria se haya convertido en un arma política. Una situación que ha provocado que los profesionales sanitarias se unan y pongan por escrito sus reclamaciones.

'La alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del SNS' es un documento con 85 medidas que el Consejo General de Enfermería (CGE) y la Organización Médica Colegial (OMC) -los máximos organismos de representación de ambos colectivos- para mejorar la sanidad pública y apartarla de los dimes y diretes políticos. Un informe, fruto de las consultas a más de 7.200 profesionales y 2.000 ciudadanos y que después han sido escrutadas por 80 expertos, en el que se plasman sus recomendaciones. «Vamos a pedir a los políticos que ejerzan su responsabilidad. Hoy (por ayer) se lo estamos pidiendo. Mañana se lo exigiremos», espetó con contundencia Máximo González Jurado, presidente del CGE.

«La sanidad no es un ejercicio de poder, sino un servicio», reza el documento, que tiene por objetivo «reformar el sistema y no destrozarlo, que es a lo que se están tendiendo», indicó el representante de Enfermería, quien, además, recordó que su colectivo y el de los médicos son medio millón de votos. «No tenernos en cuenta tendrá más costes que hacerlo», apostilló Juan José Rodríguez Sendín, presidente de los colegios de médicos.

El exhaustivo informe se remitirá a todos los partidos, gobiernos y parlamentarios. Y si nadie les hace caso, las dos organizaciones amenazaron con presentar una iniciativa legislativa popular para lograr que se debata en el Congreso. «Eso sería fácil para nosotros», dijo González Jurado en referencia a las 500.000 firmas que serían necesarias.

Una de las medidas que más apoyos tiene es la creación de una agencia para el SNS que controle a las diferentes consejerías de salud gracias a su capacidad ejecutiva y en cuyo órgano de gobierno participen tanto las autoridades sanitarias como los profesionales y los pacientes. Tanto la OMC como el CGE aseguraron que este organismo no es incompatible con el modelo descentralizado y que mejorará la coordinación entre las administraciones.

Por otra parte, en las conclusiones del documento, los expertos consideran fundamentales la igualdad de derechos, la garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional y la tarjeta sanitaria única e inteligente para el SNS. Entre las más urgentes, consideran que se debe implantar un sistema de compras centralizado para los medicamentos, los productos sanitarios y la tecnología sanitaria con ciertos criterios homogéneos aprobados por el Consejo Interterritorial; y dotar al SNS de una herramienta de gobernanza con eficacia jurídica ejecutiva en sus decisiones.

Profesionales y expertos ponen en duda las ventajas del aligeramiento y racionalización de las estructuras gerenciales, un nuevo sistema retributivo para los equipos directivos; la selección de los jefes de servicio por méritos de manera competitiva y la creación del estatuto jurídico del directivo y cargo público sanitario.

El documento refleja cuáles son las medidas peor valoradas por el sector: la colaboración público-privada; la centralización y externalización de los servicios sanitarios de radiodiagnóstico, laboratorio y esterilización y de todos los servicios no asistenciales; el copago por parte de los jubilados y la congelación de las nuevas infraestructuras sanitarias.

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