Declaración Regional para América Latina y el Caribe

Declaración Regional para América Latina y el Caribe

sobre la Crisis del Trabajo en Enfermería**

Señora Presidenta / Señor Presidente,
autoridades de la Organización Panamericana de la Salud,
representantes de los Estados Miembros,
delegadas y delegados:

Los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de Nueva York, donde cerca de 16.000 enfermeras y enfermeros de cinco hospitales evalúan medidas de fuerza, deben interpretarse como una señal de alerta regional, en consonancia con una crisis estructural del trabajo en enfermería que afecta de manera persistente a los sistemas de salud de América Latina y el Caribe.

Esta situación se encuentra ampliamente documentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud, así como por la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud: Fuerza de Trabajo 2030, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud mediante la Resolución WHA69.19 (2016).

En la Región de las Américas, esta crisis se expresa a través de:

• formas de empleo precarias e inestables, incluyendo informalidad, contratación temporal y multiempleo;

• déficit estructural de personal de enfermería, con cargas laborales incompatibles con estándares de dotación segura;

• exposición creciente a la violencia laboral, riesgos psicosociales y desgaste profesional;

• acceso insuficiente a la salud laboral y a la protección social;

• limitada participación de la enfermería en los espacios de gobernanza y formulación de políticas públicas en salud.

Estas condiciones vulneran los principios del trabajo decente, definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y contravienen estándares internacionales como el Convenio sobre el Personal de Enfermería, 1977 (N.º 149), el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (N.º 155), el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (N.º 187) y el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (N.º 190).

Asimismo, esta realidad resulta incompatible con los compromisos asumidos por los Estados Miembros en la Resolución WHA74.14 (2021), que insta a proteger, salvaguardar e invertir en el personal de salud y de cuidados, reconociendo que su bienestar es una condición indispensable para la seguridad del paciente, la resiliencia de los sistemas de salud y la preparación ante emergencias sanitarias.

En este contexto, se vuelve imperativo que los Estados de la Región, con el acompañamiento técnico y político de la OPS, avancen de manera coordinada en:

1. El fortalecimiento del diálogo social tripartito, conforme a los estándares de la OIT, garantizando la participación efectiva de la enfermería y sus organizaciones representativas.

2. El diseño e implementación de políticas públicas sostenibles de empleo en salud, alineadas con las estrategias regionales de recursos humanos y basadas en trabajo decente, equidad de género y retención del personal.

3. La garantía de entornos laborales seguros y saludables, incluyendo políticas integrales de prevención de la violencia y gestión de riesgos psicosociales.

4. La inversión estratégica, sostenida y adecuadamente financiada en el talento humano en salud, reconociendo a la enfermería como eje central para el logro del Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud en la Región.

La salud de las poblaciones de América Latina y el Caribe es inseparable de las condiciones en las que trabajan quienes cuidan.
Invertir en enfermería no es una opción política: es una obligación ética, legal y estratégica para construir sistemas de salud equitativos, resilientes y centrados en las personas.

Muchas gracias.

Lic. Sandro Ortega
Referente en Enfermería y Salud Laboral