QUIEREN QUE SE TRATE LA LEY DE VIOLENCIA LABORAL
Enfermeros de pediatría del Hospital Isola presentaron su renuncia
http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=121810
La Secretaria General de ATSA, Sara Barrera mantuvo un encuentro con el diputado provincial Miguel Montoya ante las dificultades que tiene el personal de enfermería con la jefatura de enfermería de pediatría del Hospital Isola de Puerto Madryn, “me plantearon que les hiciera el nexo con las autoridades de la Secretaria de Salud porque cinco enfermeras renunciaron y en el mismo hospital en el 2008 renunciaron ocho enfermeros más”.
Según Montoya, ante la crisis de enfermeros, no se puede permitir que renuncien por algunos problemas internos, “he presentado un proyecto de ley sobre violencia laboral pero como no he tenido respuesta por parte de la Secretaría de Trabajo a quien se lo derivé hace varios meses para que me brindaran su opinión, ni siquiera lo han mirado y por ende no puedo seguir con el tratamiento del mismo”.
Explicó que la ley tiene como objeto que toda aquella persona que sea acosada debe ser protegida del despido o sanciones y sostuvo que las enfermeras que han tenido problemas son personas que han venido a la provincia atraídas por las condiciones laborales, “están sufriendo maltrato verbal, se les cambia arbitrariamente los cronogramas y no se le paga las disponibilidades, Sara Barrera me han entregado documentación que le haré llegar al Secretario de Salud porque es muy malo que un enfermero de pediatría trabaje presionado”.
En este sentido el legislador dijo que las enfermeras están pidiendo el traslado a otros hospitales o que alguien intervenga para que corroboren lo que están planteando, “pero han presentado la renuncia y no quieren dar marcha atrás”.
El proyecto que espera
Montoya lamentó que la Secretaría de Trabajo no se haya interesado del proyecto de ley que hubiera permitido solucionar todo estos problemas y explicó que la ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral que se define como toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, personal jerárquico ó un tercero vinculado directa o indirectamente a el, sobre el trabajador, que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social mediante amenaza, inequidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico social u ofensa ejercida, sobre un trabajador.
En diálogo con EL Diario el diputado provincial reconoció que las víctimas pueden ser hombres y mujeres que se encuentren en una situación desfavorable dentro del ámbito laboral que los hace más vulnerables, “podemos ser cualquiera de nosotros aunque las mujeres la padecen en mayor proporción debido a que en su mayoría ocupan puestos no jerárquicos o de menor calificación y como todo acto de violencia es abuso de poder el que lo tiene en mayor medida lo ejerce contra el que no lo tiene”.
Explicó que en la ley figura en uno de sus artículos que ningún trabajador podrá ser sancionado o despedido por haberse negado a sufrir actos de acoso del empleador, de sus representantes o de toda persona que abuse de la autoridad que le confiere su función, “la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, quién deberá garantizar que la persona víctima de alguna de estas situaciones de violencia laboral conserve o recupere el trabajo”.
Las consecuencias
El diputado Miguel Montoya indicó que el trabajador que hubiere sido víctima de las acciones de violencia laboral solicitará a la autoridad de aplicación que fije una audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas a efectos de escuchar a las partes que deberán concurrir asistidas por un letrado patrocinante o representante gremial elegida por el trabajador, “el funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y testigos ofrecidos debiendo resolver la denuncia en la misma audiencia. Ninguna persona que hubiere denunciado ser víctima de violencia laboral o hubiere comparecido como testigo involucrado no podrá sufrir perjuicio personal en su empleo”.
Dijo que la misma violencia trastoca gravemente la vida la laboral, familiar, social del trabajador extendiéndose al hogar el padecimiento y sufriendo la familia toda; la situación no deja de perturbar al trabajador.
Las represalias
Al referirse a las represalias, el legislador dijo que son una respuesta clara, concreta y contundente a la negativa del trabajador de continuar tolerando la situación de violencia, “son venganzas personales del superior que abusa del poder que le fue otorgado en el marco de una relación estrictamente laboral y lo ejerce en contra del trabajador. Las represalias generan temor en el conjunto de trabajadores que muchas veces es cómplice, en silencio, cómplice en el dejar hacer, por inacción o rompiendo lazos solidarios con la víctima. El trabajador solo es más vulnerable y se somete al abuso del poder y lo que le garantiza que sus derechos no sean avasallados es la organización sindical a la cual pertenece y que debe recurrir allí para hacer la denuncia”.
Enfermeros de pediatría del Hospital Isola presentaron su renuncia
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La Secretaria General de ATSA, Sara Barrera mantuvo un encuentro con el diputado provincial Miguel Montoya ante las dificultades que tiene el personal de enfermería con la jefatura de enfermería de pediatría del Hospital Isola de Puerto Madryn, “me plantearon que les hiciera el nexo con las autoridades de la Secretaria de Salud porque cinco enfermeras renunciaron y en el mismo hospital en el 2008 renunciaron ocho enfermeros más”.
Según Montoya, ante la crisis de enfermeros, no se puede permitir que renuncien por algunos problemas internos, “he presentado un proyecto de ley sobre violencia laboral pero como no he tenido respuesta por parte de la Secretaría de Trabajo a quien se lo derivé hace varios meses para que me brindaran su opinión, ni siquiera lo han mirado y por ende no puedo seguir con el tratamiento del mismo”.
Explicó que la ley tiene como objeto que toda aquella persona que sea acosada debe ser protegida del despido o sanciones y sostuvo que las enfermeras que han tenido problemas son personas que han venido a la provincia atraídas por las condiciones laborales, “están sufriendo maltrato verbal, se les cambia arbitrariamente los cronogramas y no se le paga las disponibilidades, Sara Barrera me han entregado documentación que le haré llegar al Secretario de Salud porque es muy malo que un enfermero de pediatría trabaje presionado”.
En este sentido el legislador dijo que las enfermeras están pidiendo el traslado a otros hospitales o que alguien intervenga para que corroboren lo que están planteando, “pero han presentado la renuncia y no quieren dar marcha atrás”.
El proyecto que espera
Montoya lamentó que la Secretaría de Trabajo no se haya interesado del proyecto de ley que hubiera permitido solucionar todo estos problemas y explicó que la ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral que se define como toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, personal jerárquico ó un tercero vinculado directa o indirectamente a el, sobre el trabajador, que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social mediante amenaza, inequidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico social u ofensa ejercida, sobre un trabajador.
En diálogo con EL Diario el diputado provincial reconoció que las víctimas pueden ser hombres y mujeres que se encuentren en una situación desfavorable dentro del ámbito laboral que los hace más vulnerables, “podemos ser cualquiera de nosotros aunque las mujeres la padecen en mayor proporción debido a que en su mayoría ocupan puestos no jerárquicos o de menor calificación y como todo acto de violencia es abuso de poder el que lo tiene en mayor medida lo ejerce contra el que no lo tiene”.
Explicó que en la ley figura en uno de sus artículos que ningún trabajador podrá ser sancionado o despedido por haberse negado a sufrir actos de acoso del empleador, de sus representantes o de toda persona que abuse de la autoridad que le confiere su función, “la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, quién deberá garantizar que la persona víctima de alguna de estas situaciones de violencia laboral conserve o recupere el trabajo”.
Las consecuencias
El diputado Miguel Montoya indicó que el trabajador que hubiere sido víctima de las acciones de violencia laboral solicitará a la autoridad de aplicación que fije una audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas a efectos de escuchar a las partes que deberán concurrir asistidas por un letrado patrocinante o representante gremial elegida por el trabajador, “el funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y testigos ofrecidos debiendo resolver la denuncia en la misma audiencia. Ninguna persona que hubiere denunciado ser víctima de violencia laboral o hubiere comparecido como testigo involucrado no podrá sufrir perjuicio personal en su empleo”.
Dijo que la misma violencia trastoca gravemente la vida la laboral, familiar, social del trabajador extendiéndose al hogar el padecimiento y sufriendo la familia toda; la situación no deja de perturbar al trabajador.
Las represalias
Al referirse a las represalias, el legislador dijo que son una respuesta clara, concreta y contundente a la negativa del trabajador de continuar tolerando la situación de violencia, “son venganzas personales del superior que abusa del poder que le fue otorgado en el marco de una relación estrictamente laboral y lo ejerce en contra del trabajador. Las represalias generan temor en el conjunto de trabajadores que muchas veces es cómplice, en silencio, cómplice en el dejar hacer, por inacción o rompiendo lazos solidarios con la víctima. El trabajador solo es más vulnerable y se somete al abuso del poder y lo que le garantiza que sus derechos no sean avasallados es la organización sindical a la cual pertenece y que debe recurrir allí para hacer la denuncia”.
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