Son días de miércoles para el Gobierno. No hay peor cosa para la
gestión del gobernador José Alperovich que no poder sentarse
-tranquilo- en su despacho del Palacio del Ejecutivo. Un repentino
viaje (por cuestiones privadas) a Buenos Aires, le evitó ayer sentir,
en high definition, la cada vez más airada protesta de los
guardapolvos blancos y de los ambos de las enfermeras y enfermeros que
se turnan para ir a la plaza Independencia a decirle de frente al
poder político que tienen tantos derechos como los policías a cobrar
un salario más acorde a su responsabilidad primera -salvar vidas en
los hospitales-.
La negociación salarial entró en vía muerta. No hay signos vitales que
hagan presumir, por el momento, que reviva al escenario más querido
por todos los que, a diario, asisten a los nosocomios y CAPS: el de
los acercamientos entre las partes.
En este conflicto hay presiones de ambos lados. Mientras los médicos
amenazan con renuncias masivas, los funcionarios se escudan en causas
judiciales para que los profesionales de la salud vuelvan a sus
actividades en el sector público. La inflexibilidad no es buena
compañera. Ni para los médicos, poco acostumbrados a las protestas
callejeras, ni para los integrantes del gabinete de Alperovich que, al
igual que el gobernador, no terminan de digerir esas naranjas que
volaron la semana pasada por la fachada de la Casa de Gobierno.
Los canales de negociación aún son muy débiles y, de no encontrar un
buen mediador, es posible que estén dando algunos estertores. El
Gobierno sigue jugando al desgaste de la protesta, por aquello de que
los galenos no tienen gimnasia sindical para aguantar tantos días de
protestas callejeras. De hecho, hay funcionarios que hicieron pruebas
de laboratorio en los mismos hospitales para saber cuál es el estado
del "paciente autoconvocado". La percepción que se llevaron es la
misma que existe puertas adentro de la sede del Ejecutivo: una
necesidad de que el conflicto llegue a término y que se calmen las
aguas. Bajar las tensiones puede ser la primera puerta de salida hacia
una solución consensuada.
Según algunas estimaciones oficiales, en el sector salud trabajan
alrededor de 15.000 agentes, dos tercios de ese total constituyen los
empleados administrativos y el personal de enfermería. Un director de
hospital puede llegar a ganar desde septiembre alrededor de $ 10.000,
mientras que el agente con menos categoría en el escalafón puede
llegar a cobrar unos $ 3.500 mensuales, en promedio. A partir de esos
ejemplos, el Ejecutivo sostiene que si se dice sí a la mayor parte de
los planteos salariales (por caso, al planteo de recomposición de $
1.000 mensuales), al Estado provincial podría llegar a costarle
alrededor de $ 200 millones anuales. Esa cifra es casi el monto que
Alperovich espera que le envíe -a fines de este mes- el ministro de
Economía de la Nación, Amado Boudou, con el fin de encarrilar las
finanzas públicas tucumanas, luego de haberle dicho que sí al reclamo
de los uniformados que, de acuerdo con las proyecciones financieras,
costó $ 180 millones anuales. Un dato curioso: mientras ayer los
médicos protestaban frente a la Casa de Gobierno, en el Boletín
Oficial se confirmaba la creación -en el Presupuesto General 2011- de
160 cargos en la jerarquía de agentes de Institutos Penales. Aún más,
mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 5, el Gobierno dio
cuenta de la "premura" por dictarlo para titularizar a efectivos
policiales. Tal vez esa misma premura debería esgrimirse -desde ambas
partes en disputa- para sentarse a negociar una salida a un conflicto
en el que está en juego la salud de todos los tucumanos.
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