En un comunicado remitido hoy, explican que su intención es pedir al Gobierno el cambio de la medida para que "no exista discriminación por cuestiones administrativas" pues, según argumentan, "el derecho a la protección de la salud está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española".
Desde el colectivo reconocen que la actual situación económica es "muy grave" y que "resulta necesario" establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario público, aunque han matizado que "el principio de Justicia obliga al reparto equitativo de los recursos y no a perjudicar a los más desfavorecidos".
Además, han anunciado que, aunque el Real Decreto-Ley es de observancia obligatoria y su no cumplimiento puede "acarrear sanciones disciplinarias, entre otras medidas", queda abierta la posibilidad de acudir a la figura de la objeción de conciencia y que los servicios jurídicos del Colegio "se ponen al servicio de las enfermeras alicantinas" ante esta posibilidad.
Asimismo, han alertado de que "la exclusión" de una parte de la población de la atención sanitaria "puede generar importantes problemas de salud pública y de saturación de los servicios de urgencias".
También creen que la situación es "censurable desde el punto de vista jurídico" ya que, según dicen, el decreto actual modifica el artículo 12 de una Ley Orgánica que regula el derecho a la asistencia sanitaria para extranjeros, y "no es viable legalmente" que un real decreto-ley derogue o modifique artículos de "una norma superior". EFE
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