Objeción o insumisión
Los informes jurídicos dicen que no acatar el real decreto sanitario es desobediencia nLos médicos recurren a su ética
MADRID- ¿Se puede no cumplir una ley porque afecta a nuestra conciencia? El real decreto que reforma la Sanidad pública ha abierto ese debate entre médicos, enfermeros y las consejerías de las comunidades. Es una pugna que se dirime entre informes jurídicos y las conciencias de por lo menos 1.037 médicos, que son los que se han acogido al derecho de objeción: su lealtad a los pacientes hace que «no sea posible faltar a su deber ético y profesional e incurrir en el abandono», según aseguraba la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que abrió el registro hace un mes.
¿Objeción? Como siempre, la guerra también está en las palabras. «Y es que la objeción de conciencia y desobediencia civil son dos formas de actuación de muy distinta naturaleza, puesto que esta última supone un incumplimiento deliberado y generalmente no violentas de ciertas leyes que se consideran injustas (...). En la desobediencia civil se plantea una auténtica insumisión política al Derecho», decía el dictamen jurídico en el que el Consejo General de Enfermería advertía a los enfermeros sobre la inviabilidad de la objeción de conciencia. No es objeción, es desobediencia, es insumisión.
Los médicos, la Organización Médica Colegial (OMC), no están de acuerdo con esa visión. Entienden que «ninguna administración o cualquier norma jurídica» puede obligarlos a realizar o dejar de atender a alguien si esto va contra sus principios éticos y su deontología profesional. Aunque el secretario general de la OMC, Serafín Romero, matizó que se trataba de un derecho «subjetivo» e «individual», por lo que no se puede objetar de forma colectiva, sino que cada médico debe informar a la Administración sanitaria y a su colegio sobre su decisión.
El debate puede ser infinito: como ocurría en el caso de los enfermeros, ayer un informe jurídico de la Sanidad cántabra también rechazaba la objeción de conciencia. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, fue muy clara en su posición. Dijo que respeta el conflicto de conciencia, pero añadió que su competencia como consejera de Sanidad no es «entrar en cuestiones de conciencia», sino garantizar el cumplimiento de la legalidad. Y dio su solución, la misma que daba el informe jurídico de los enfermeros: «Nadie priva y nada impide a los profesionales sanitarios atender a los extranjeros en situación irregular, pero deberán hacerlo fuera del sistema sanitario público, salvo en los casos establecidos». Como reacción, el Colegio de Médicos de Cantabria elaborará un registro en el que constarán los facultativos que quieran «colaborar con los más desprotegidos» fuera de la Sanidad pública.
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