SAE asegura que en Cantabria 20.000 personas tienen algún grado de dependencia y 5.200 reciben atención en centros asistenciales
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado la «alarmante falta de personal» existente en todas las residencias de atención a personas dependientes, y ha exigido «una solución y la responsabilidad de los políticos» para atajar esta situación que, a su juicio, de seguir así, sólo «puede empeorar» teniendo en cuenta factores como el envejecimiento de la sociedad.
En un comunicado, el sindicato señala que cerca de 20.000 personas tienen en Cantabria algún grado de dependencia, una cifra que «va en aumento cada año». De ellos, 5.200 reciben prestación en centros asistenciales y son atendidos por 2.300 profesionales.
«El número de profesionales no varía mientras que tanto el número de personas dependientes como los cuidados que necesitan aumentan continuamente», asegura el SAE, que añade que »gran parte« de los cuidados asistenciales que estas personas precisan son responsabilidad de los técnicos en cuidados de enfermería que manifiestan »estar al límite de su capacidad física y emocional».
Según el sindicato, la «alarmante falta de personal» existente en todas las residencias afecta tanto a los profesionales, a quienes se está «sobrecargando» de trabajo, como a los propios usuarios, que «ven mermada» la calidad asistencial que reciben. «La limitación de los recursos económicos se traslada automáticamente a las condiciones laborales, no hay contrataciones de personal y el que hay asume toda la carga de trabajo», señalan.
A su juicio, más allá del «evidente problema político» en torno a la dependencia, la «frialdad» de los datos no refleja la realidad que viven a diario tanto los usuarios como los profesionales, que «soportan una sobrecarga de trabajo inasumible».
Para el SAE es «evidente» que la situación de la dependencia en Cantabria exige de acuerdos políticos a los que es necesario llegar «para poder desbloquear la alarmante situación actual que está teniendo lamentables consecuencias».
Su denuncia se suma a la de las empresas del sector enfrentadas con la Administración regional por la falta de recursos y la renovación de la normativa.
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