ACONSEJAN ATENDER FUERA DEL HORARIO LABORAL

Cerca de mil médicos, dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por atender a los 'sin papeles'

El Consejo General de Enfermería advierte que podrían ser acusados de "desobediencia civil" y los colegios de médicos respaldan la iniciativa

REPÚBLICA/AGENCIAS | MADRIDPUBLICADA EL 10-08-2012

Los cerca de mil médicos que han decidido acogerse a la objeción de conciencia para atender a los inmigrantes sin papeles en contra del decreto aprobado por el Gobierno podrían enfrentarse a complicaciones judiciales, puesto que esta iniciativa podría ser considerada "desobediencia civil o insumisión", según ha advertido el Consejo General de Enfermería ante preguntas de sus afiliados. Los colegios de médicos de toda España continúan apoyando la decisión y desde los sindicatos recuerdan "el médicohace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión".

El Consejo General de Enfermería respondió en un comunicado a la avalancha de dudas que le han transmitido acerca de la objeción de conciencia y aclaró que es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la única entidad estatal con plena competenciapara decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos y que  los profesionales sanitarios están obligados al cumplimiento de la normativa vigente.

El Consejo recuerda que la discrepancia con el real decreto del Gobierno debe mostrarse a través de  los cauces y con los procedimientos establecidos legalmente, incluyendo, por supuesto, los recursos pertinentes en la vía judicial contencioso-administrativa. "Pero entre esos cauces no se encuentra la objeción de conciencia, porque la misma responde a un conflicto entre el deber del objetor a obedecer a su conciencia y el de ese mismo objetor, en tanto profesional de la sanidad, a atender sus obligaciones como funcionario o empleado público, supuesto que, en principio, no parece darse en el real decreto comentado".

La decisión de atender a los 'sin papeles' podría ser considerada, por tanto, "desobediencia civil o insumisión", según comentó a la Cadena Ser el presidente del Consejo, Máximo González Jurado.

Por ello, el Consejo propone a los colegios establecer consultas de enfermería que atiendan "de forma altruista" aestos enfermos fuera del horario laboral. Una solución que no convence a los opositores del decreto. "La obligación del personal sanitario cuando alguien necesite ayuda médica debe ser atenderlo", explica el presidente de Sanidadde CSIF, Fernando Molina. La situación es muy compleja. Si un inmigrante irregular fallece tras ser atendido en contra de la legislación vigente, la administración no se haría responsable subsidiaria del hecho. La responsabilidad recaería sobre el objetor.Para evitar llegar a tal extremo, Molina pide diálogo al Gobierno, aunque reconoce que hasta ahora el Ministerio no ha dado muestras de querer sentarse a la mesa para negociar.

"Una larga batalla judicial"

Los médicos ya han advertido que están dispuestos a "recurrir a una larga batalla judicial", afirma Salvador Tranche, el secretario de la Sociedad Española de Medicina y Comunitaria (semFYC). "Seguiré atendiendo a mis pacientes porque tengo un compromiso con ellos que se ha visto alterado de la noche a la mañana", aseguró el facultativo, que ya se ha declarado objetor de conciencia.

El número de doctores que están dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por no aplicar la norma que entrará en vigor el 1 de septiembre, y que obliga a los 'sin papeles' a pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud, aumenta cada día.

"El médico hace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión", recuerda Pilar Navarro, secretaria del sector salud y sociosanitario de UGT. "Prevemos una batalla jurídica, pero también en la calle contra estas medidas", añade.

En la página web de semYFC ya han firmado más de 1.000 profesionales un documento en el que se declaran objetores. Sin embargo, querer atender no garantiza que las pacientes no regularizados puedan acceder a los servicios médicos, ya que su registro se borrará desde el 1 de septiembre. "Yo he informado a mi centro de salud y al trabajador social para que me deriven a estos pacientes", asegura Tranche, pero en caso de requerir un tipo de prueba médica complementaria, el paciente podría ser rechazado por el nuevo facultativo.

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