Se agudiza debate por medidas de Emergencia Social que reforman la salud
Las restricciones impuestas a los servicios de salud que no hacen parte del POS generaron un fuerte debate. Gobierno asegura que el nuevo plan de salud será mejor.
Gremios de la salud, pacientes y ciudadanos recibieron con preocupación el contenido de algunos de los diez decretos expedidos el viernes por el Gobierno, en el marco de la Emergencia Social.
La mayor controversia está dada por cuenta del decreto 128, que regula los servicios no POS, es decir los que no están contenidos en los planes de beneficios de los colombianos, y que en adelante se llamarán "prestaciones excepcionales en salud".
La norma plantea que los pacientes que necesiten estos servicios, los costeen de acuerdo con su capacidad de pago, que se establecerá con un estudio de su patrimonio personal y familiar.
Ésta abre la posibilidad de que los enfermos recurran a sus cesantías, ahorros pensionales e incluso a créditos blandos para responder por estas prestaciones. Los colombianos sin capacidad de pago podrán acceder a la cofinanciación de esos servicios a través del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés), siempre que cuenten con la autorización de comités técnicos, creados con ese fin. El 128 aclara que los recursos del Fonprés son finitos, por lo que responderá, cada año, sólo hasta que éstos alcancen.
La zozobra de los usuarios del sistema de salud surge porque a estas alturas no está claro qué servicios y medicamentos contendrá el nuevo POS que, de acuerdo con el Gobierno, tendrán los colombianos a partir de julio de este año.
Diego Palacio, ministro de la Protección Social, explicó que estos decretos (que deberán ser reglamentados) buscan garantizar que todos los colombianos tengan acceso a la salud, en las mismas condiciones. En ese orden de ideas -asegura Palacio- se unificarán y ampliarán los planes de beneficios de los afiliados a los régimenes subsidiado y contributivo.
El Ministro dijo confiar en que, superado ese proceso, sean pocos los servicios que no queden cubiertos. Afirmó, además, que los planes más amplios desestimularán la interposición de tutelas. Lo dicho por Palacio, no obstante, contradice lo consignado en otro de los decretos (el 131), que cambia el concepto de POS de los colombianos.
Según el texto, en adelante éste priorizará la atención de baja complejidad en medicina y odontología general y sólo permitirá el manejo por especialistas cuando se cuente con evidencia científica y los beneficios superen los costos. En otras palabras, el paquete básico de servicios para toda la población se fundamentaría en la baja complejidad.
Rodrigo Córdoba, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, advirtió que el 131 además define el POS como el núcleo esencial del derecho a la salud, "con lo cual la posibilidad de que los pacientes reclamen, mediante tutela, prestaciones excepcionales en salud, se anula", dijo.
Constitucionalistas consultados por EL TIEMPO opinan que lo que el Gobierno buscó con los decretos fue regular el ejercicio de un derecho fundamental, que es el de la salud.
Julio Guzmán, abogado experto en seguridad social, considera que "no es claro si lo que se está haciendo es regular o restringir el ejercicio de ese derecho, que es fundamental no sólo por ser conexo al de la vida sino porque fue elevado a esa categoría por la Corte Constitucional".
Según Guzmán, "si se está restringiendo, que es lo que parece estar pasando, la norma iría en contravia de la orden de igualar los beneficios de la salud para los colombianos, dada por la Corte al Ministerio en la sentencia T-760. Hay que es esperar el análisis del alto tribunal".
Ayer se conoció que la Corte dirigió un Auto al Ministerio en el que exige la entrega de información para analizar las condiciones en las que se declaró la Emergencia y se expidieron los decretos.
Preocupación entre médicos por anuncio de sanciones
En algunos gremios médicos hay zozobra por las anunciadas multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales a quienes formulen procedimientos o medicamentos que se salgan de los estándares sobre los que se estructurará el nuevo POS.
Juan Pablo Poveda, presidente de Médicos Generales Colombianos, considera que "es una medida intimidatoria, que busca que los médicos lo piensen dos veces antes de ordenarle al paciente algo que necesite".
Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, opina que "ninguna medida puede afectar la autonomía médica". Jesús Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, afirmó que "es inconcebible que en un Estado social de derecho se atente contra la posibilidad de darles a los pacientes los tratamientos que necesitan".
Jaime Donado, presidente de la Federación Odontológica Colombiana, dijo que "los decretos acabaron convertidos en una reforma al sistema de salud, que no tuvo en cuenta ni al Congreso ni a los profesionales de la salud". En un comunicado, el Ministerio de la Protección Social informó que todas las medidas fueron discutidas con el gremio médico y odontológico.
Algunas reacciones
AUGUSTO GALÁN S.
Ex Ministro de Salud
Los decretos en su conjunto aumentan los recursos, definen beneficios, agilizan trámites, dan respuesta a necesidades estructurales del sistema y ofrecen iguales beneficios en salud a los colombianos.
Ex Ministro de Salud
Los decretos en su conjunto aumentan los recursos, definen beneficios, agilizan trámites, dan respuesta a necesidades estructurales del sistema y ofrecen iguales beneficios en salud a los colombianos.
JUAN CARLOS GIRALDO
Director ejecutivo Aso. Col. de Hospitales
Nos preocupa la definición del POS como núcleo del derecho a la salud, pues al ser básico, afectará a los hospitales de mediana y alta complejidad. Deja dudas sobre qué servicios se brindarán a toda la gente.
Director ejecutivo Aso. Col. de Hospitales
Nos preocupa la definición del POS como núcleo del derecho a la salud, pues al ser básico, afectará a los hospitales de mediana y alta complejidad. Deja dudas sobre qué servicios se brindarán a toda la gente.
HÉCTOR ZAMBRANO
Secretario de Salud de Bogotá
La liberación de recursos es muy buena, pero la red de hospitales públicos se ve amenazada porque las EPS ya no están obligadas a contratar con ellos. Eso pone en riesgo su existencia.
Secretario de Salud de Bogotá
La liberación de recursos es muy buena, pero la red de hospitales públicos se ve amenazada porque las EPS ya no están obligadas a contratar con ellos. Eso pone en riesgo su existencia.
Los usuarios de eltiempo.com se pronunciaron
Cerca de 1.500 comentarios se recibieron en las páginas de eltiempo.com, la mayoría de ellos critican las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Los usuarios se quejan por lo que consideran un obstáculo al derecho a la salud.
Muchos de los comentaristas aseguran que con estos decretos se están desviando los aportes de salud y están condenando a muerte a los más pobres. "Me parece de las medidas mas arbitrarias que puede cometer el gobierno, en un país donde la gente no tiene recursos, ahora se va a tener que endeudar para pagar cualquier medicamento que no sea Ibuprofeno", dice IIIFFF.
Por su parte, Foreroha afirma que "esta es una emergencia decretada directamente para favorecer económicamente a unos grupos que se hacen ricos a costa de la salud de los colombianos. Esta emergencia debe ser declarada inconstitucional y los funcionarios involucrados en este montaje deben pagar con cárcel y con su patrimonio personal o familia".
"Si mi enfermedad es grave, prefiero morirme en casa. No tengo dinero, sólo mi casa, y si la vendo o la hipoteco de todos modos me moriré y dejaré a mi familia sin techo. Esta reforma sirve para asesinar, no para salvar vidas", concluye Withgonewind.
Y Losostenible afirma que "el hueco financiero en la salud se taparía si en lugar de violarles los derechos humanos a los usuarios, y subirles en forma descarada los impuestos a los consumidores, se suturara la vena rota por la que se desangra: controlando que se dé buen uso de la tutela".
Otros usuarios afirman que los decretos generan un retroceso de muchos años en la prestación de salud en Colombia.
"Golpe mortal de Uribe a la salud del pueblo colombiano y a los profesionales de la salud. Retrocedimos 50 años por una mafia que se apoderó de la salud de los colombianos y hace plata a manos llenas", dice Pedrolanas.
Fiax dice que "alguien me dijo cierta vez que Colombia esta atrasada en justicia 150 años, ahora con Uribe nos atrasamos también en salud".
Pocos foristas defienden la medida, entre ellos 4334, que afirma: "Vivo agradecido con el sistema de salud, yo soy consciente de que por 70.000 pesos mensuales toda mi familia está protegida y además tenemos odontología. Yo calculo que, teniendo en cuenta los servicios que recibimos, si pagara de manera privada sería un promedio mensual de 250.000 pesos".
REDACCIÓN SALUD
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