ESPAÑA, león

Los jueces obligan a repetir las pruebas a 188 sanitarios de León con plaza fija

Los recursos a los criterios de baremación devuelven a la interinidad a los trabajadores

La judicialización de los procesos de consolidación de empleo temporal para el personal sanitario de Castilla y León ofertados por la Junta en el año 2006 obligará a la Consejería de Sanidad a repetir las pruebas a 188 trabajadores de León, de los 769 afectados de toda la Comunidad, según los datos facilitados a este periódico con el sindicato UGT. Los peor parados hasta ahora por las resoluciones judiciales son los enfermeros de los hospitales, que tendrán que volver a repetir todo el proceso de la convocatoria, mientras que el resto se enfrentarán a nuevos criterios de baremación de méritos. Los 188 trabajadores de León afectados por las sentencias judiciales ya tenían sus plazas consolidadas tras haber superado las pruebas en el año 2006 y las recientes resoluciones judiciales, la última hace una semana afecta a los farmacéuticos, los devuelven a su estatus de interinidad hasta que la Consejería de Sanidad repita las pruebas. «En el momento actual nos encontramos con que los procesos ofertados en el 2006 dentro del marco de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario de la Comunidad de Castilla y León han sido un total despropósito por la mala gestión de la Comunidad y la saturación judicial, que dilata las sentencias de forma preocupante», explica la responsable de Sanidad de UGT, Carmen Ámez.

Los jueces se pronuncian ahora sobre los recursos presentados por algunos de los trabajadores participantes en las convocatorias de consolidación de empleo en desacuerdo con los criterios de evaluación para enfermeros de Atención Primaria, Especializada y servicios territoriales, veterinarios, farmacéuticos y médicos de Atención Primaria. En la provincia de León están afectados 41 enfermeros de Atención Primaria, 38 de Atención Especializada, 30 veterinarios, nueve farmacéuticos y 70 médicos de Atención Primaria.

Ámez critica lo que considera «una irresponsabilidad de la Junta» por establecer unos criterios de valoración de los candidatos susceptibles de ser recurridos por los trabajadores, «que están en su derecho de hacerlo si se consideran agraviados». La sindicalista lamenta «la lentitud de la Justicia», que ha permitido la consolidación de estos puestos de trabajo para ahora devolverlos a la interinidad. «Somos la Comunidad más judicializada y menos protectora de sus trabajadores de toda España», lamenta Carmen Ámez, que critica que Castilla y León «no sea capaz» de reducir el alto grado de interinidad de los profesionales sanitarios, que sitúa en el 40% de los trabajadores. «Todas las fuerzas sindicales teníamos con la Junta un acuerdo de disminución de la temporalidad en el año 2004 que no se ha llevado a cabo y un nuevo compromiso del 2008 sobre fidelización de los profesionales y disminución de la temporalidad que tampoco se ha llevado a cabo. Algo pasa cuando los procesos similares en otras comunidades siguen adelante y en ésta se paralizan».

Después de cuatro años, los veterinarios y farmacéuticos, que llevan en su destino definitivo cuatro años, y los enfermeros de Atención Primaria, con 15 meses con plaza fija, «se ven abocados por sentencia que anula su baremo a ser nombrados nuevamente personal interino».

Ámez califica de «total desaguisado» lo ocurrido con los procesos de consolidación de empleo del año 2006 y exige a la administración sanitaria de Castilla y León «un ejercicio de responsabilidad para solucionarlos, puesto que no se han producido en otras comunidades, y que deja en una situación de indefensión a los trabajadores».