Los colegios de abogados dudan de que sea constitucional dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares
Los enfermeros de los centros de salud «atenderán a toda la población, con o sin papeles». Así de tajante se muestra la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región (Seapremur), que se suma a la campaña en contra del decreto que dejará sin tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre a 33.000 extranjeros que viven en Murcia en situación irregular. Algunas organizaciones médicas también han anunciado su «objeción de conciencia» a la norma. La oposición activa a la ley tomará cuerpo mañana en un acto convocado por la Red Ciudadana Por la Salud, una plataforma de la que forman parte Seapremur, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Consumur, asociaciones de estudiantes y otros colectivos, como Foro Ciudadano.
La presidenta de Seapremur, Emilia Salmerón, advierte de que los profesionales defenderán «una sanidad pública, universal y de calidad», y denuncia que las medidas aprobadas por el Gobierno «ponen en serio peligro el mantenimiento de ese derecho».
Dejar sin acceso al sistema a los irregulares es una medida «insolidaria e indigna» porque «reduce a las personas a la categoría de mera mercancía», subraya Seapremur. Además, «puede resultar peligrosa para la salud pública por la aparición o la extensión de patologías infecciosas». Por último, se corre el riesgo de aumentar «considerablemente las urgencias hospitalarias». Para los enfermeros de Primaria, el decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad establece «mecanismos discriminatorios para la población más vulnerable». Las medidas «penalizan claramente a las personas con rentas bajas, personas enfermas y dependientes, pensionistas, inmigrantes».
El copago farmacéutico para los pensionistas, y la introducción también de este mecanismo en el transporte no urgente y en los productos ortoprotésicos y dietoterápicos supone, para Seapremur, crear «un impuesto a la enfermedad: tendrán que pagar más no los que más tengan, sino los que más enfermen, léase, personas ancianas, personas con enfermedades crónicas, etc».
Derecho constitucional
Las críticas a la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública no solo llegan de los sanitarios. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se mostró ayer muy escéptico con la medida. La atención sanitaria es «un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la constitución y en diferentes Estatutos de Autonomía», advirtió la institución. Aunque el Ejecutivo tiene la potestad de modificar las leyes a través de reales decretos, este mecanismo no puede modificar estatutos de autonomía por vía urgente, añade el Consejo General.
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