10 ago. 2012

Tres alumnas del Grado en Enfermería de la Universidad Católica de Ávila realizan un viaje de voluntariado a Camerún


Las alumnas de la UCAV en Camerún
Foto: UCAV

ÁVILA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Tres alumnas del Grado en Enfermería de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) se han desplazado a Camerún este verano para realizar allí labores sanitarias de voluntariado.

   La profesora del Grado que ha acompañado a las jóvenes en este viaje, Raquel Hernández, ha afirmado que el objetivo de la experiencia es cumplir con las necesidades sociales y sanitarias del país africano.

   "La iniciativa surgió como una opción de Misiones donde poder desarrollar el lado humano, afectivo y espiritual de los alumnos de enfermería, de cara a una formación integral del alumno en todos los campos", ha explicado Hernández a través de un comunicado remitido a Europa Press por la UCAV.

   Las tareas de voluntariado en este país surgieron en el año 2007 a través del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, gestor de la universidad abulense, tras la petición de ayuda que envió una chica camerunesa.

   "Hacen falta médicos y especialistas de todo género, enfermeras, equipamiento y, sobre todo, que estas personas se entreguen de manera desinteresada a una población carente de medios para afrontar enfermedades", explica la anfitriona del proyecto solidario, María Antonia Garrido.

TRABAJOS EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

   Raquel Hernández explica que la elección del destino camerunés se debió a las facilidades y el "entusiasmo" que mostraron las Responsables del Hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Dschang.

   Desde que se produjo allí el primer acercamiento, las alumnas de la UCAV han podido rotar por diferentes servicios hospitalarios como medicina interna, maternidad, consulta prenatal y programa Dreams para pacientes con sida.

   Además de la formación hospitalaria, en el país africano se realizan "puestas medicas" en diferentes localidades de la zona donde se ofrece un servicio gratuito de consulta a demanda en materia de atención primaria de salud.

  A esto se suman las visitas que realizan los enfermos domiciliarios y la dispensación de medicinas en prisión, además de los encuentros universitarios con jóvenes de la zona para el intercambio de impresiones sobre la sociedad.

Alcalá y Lora pierden la asistencia al embarazo

Las gestantes tienen que desplazarse a otras localidades por las ausencias de dos matronas que el SAS no sustituye

NOELIA MÁRQUEZ, SALUD TOMARES | ACTUALIZADO 10.08.2012 - 05:01

Las mujeres embarazadas que viven en Alcalá del Río, Burguillos y Castilblanco de los Arroyos se ven obligadas, desde mediados de julio, a trasladarse de localidad para recibir la asistencia de una matrona, ya que la enfermera especializada que las atendía se encuentra de baja médica y la dirección del distrito sanitario Norte ha decidido no sustituir su ausencia. El sindicato de Enfermería Satse denunció ayer esta situación que deteriora en gran medida la atención al embarazo en el distrito sanitario de la provincia más disperso, que abarca 12 zonas básicas y 50 centros de salud. "Es intolerable esta situación", denunció ayer Reyes Zabala, portavoz en Sevilla del Satse. 

Además de obligar a las embarazadas a desplazarse, se corre el riesgo de que se pierdan o se retrasen las pruebas diagnósticas necesarias para controlar su estado de salud y el de sus bebés. La cartera de servicios que ofrecen la matronas de Atención Primaria incluye seguimiento durante todo el proceso del embarazo, parto y pauperio, abordando desde la educación maternal hasta la atención puerperal, controles prenatales, información y asesoramiento de todo el proceso, control analítico y detección precoz de anomalías en el embarazo (posible diabetes gestacional, problemas infecciosos, entre otros). Al no sustituir a la matrona de Alcalá del Río, el SAS deriva a las mujeres de este municipio y de su zona básica -Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y las poblaciones de Esquivel, El Viar y San Ignacio del Viar- a las consultas de colindantes, principalmente, a San José de La Rinconada, Villaverde del Río y Brenes. 

Cada embarazada tiene una cita mensual con su matrona y muchas de las mujeres que pertenecen a este distrito sanitario ya han perdido las citas de junio y de julio. "El problema está en que muchas de las pruebas tienen que realizarse en una fecha concreta o semana del embarazo", explica un enfermero especializado en esta asistencia. 

A los problemas para las mujeres obligadas a desplazarse, se suma la sobrecarga de trabajo de los profesionales que trabajan en las consultas colindantes a Alcalá de Guadaíra que verán aumentar en torno a un 15% el número de pacientes. En el caso de la zona básica de Lora del Río -que atiende a La Campana, Alcolea y Puebla de los Infantes- la situación es similar, pero en esta consulta la ausencia de la enfermera especializada está motivada por una jubilación, que de momento tampoco se ha sustituido. 

Ante esta situación el Satse ha remitido una carta a la dirección del distrito sanitario Norte y a todos los alcaldes de las poblaciones afectadas para tratar de buscar una solución ante esta merma asistencial.

Última Hora Los médicos, a diferencia de los enfermeros, mantienen que pueden objetar

Madrid, 10 ago (EFE).- La Organización Médica Colegial (OMC) mantiene que sus profesionales tienen derecho a acogerse a la objeción de conciencia para atender a los inmigrantes ilegales, pese a que los servicios jurídicos del Consejo General de Enfermería sostienen que puede suponer una "desobediencia civil o insumisión". Así lo ha indicado a Efe el secretario general de la OMC, Serafín Romero, después de que los enfermeros hicieran público ayer un dictamen jurídico que considera que los profesionales sanitarios "están obligados" al cumplimiento de la normativa que retirará la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles" en septiembre. Por ello, los enfermeros se están planteando la posibilidad de atender a los no beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en consultas que se realizarían en las sedes de sus colegios profesionales, de forma altruista y fuera de su jornada laboral. Sin embargo, la OMC ha mantenido su postura de defender la objeción de los facultativos que no obedezcan un decreto que les obliga "a no atender a determinadas personas", si creen que esto vulnera su conciencia. Romero ha recordado que este derecho está recogido en su Código Deontológico, al que se acogen los galenos en otras situaciones como el aborto o la eutanasia. Los médicos entienden que "ninguna administración o cualquier norma jurídica" puede obligarles a realizar o dejar de atender a alguien si esto va contra sus principios éticos y su deontología profesional. No obstante, el secretario general de la OMC ha señalado que se trata de un derecho "subjetivo" e "individual" por lo que no se puede objetar de forma colectiva, sino que cada médico debe informar a la Administración sanitaria y a su colegio sobre su decisión. En su opinión, no puede considerarse en ningún caso "una insumisión" que conlleve un "castigo administrativo" por parte de las autoridades el que un doctor se niegue a actuar en contra de los principios deontológicos de su profesión, como apuntan los servicios jurídicos de la Enfermería. "No podemos anteponer ninguna conveniencia a la atención a los pacientes", ha sentenciado Romero, quien ha señalado que la OMC recurriría a los servicios jurídicos en el caso de que se vulnerara el derecho de sus profesionales a objetar. Mientras tanto, siguen sumándose médicos en el registro que puso en marcha la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) en julio con el fin de recoger la voluntad de quienes quieran seguir atendiendo a los "sin papeles" y que ya suma más de un millar, concretamente, 1.037 profesionales. Los profesionales de esta sociedad consideran que su lealtad con los pacientes hace que "no sea posible faltar a su deber ético y profesional e incurrir en el abandono". EFE

Médicos e inmigrantes ilegales

OPINIÓN

Médicos e inmigrantes ilegales

Angel L M de FranciscoHace dos o tres años acudió a mi consulta en el Hospital Valdecilla una joven inmigrante sin papeles acompañada por una persona voluntaria en ayuda parroquial. Presentaba una infección relacionada con prostitución que fue corregida en pocos días. Varias semanas después acudió de nuevo a mi consulta porque unos días antes había venido su madre a España. Presentaba una diabetes de larga evolución con insuficiencia renal avanzada precisando entrada en un programa de hemodiálisis de forma inmediata. El número de actos médicos necesarios fue muy importante ( angioplastias, scanners, consultas a otros departamentos ..etc) así como los costos de medicación, transporte sanitario a diálisis…etc. El coste total de esta asistencia sanitaria se acerca a los 100.000 euros cada año. Pocos meses después acudió de nuevo acompañando a su padre, también recién llegado de su país de origen, por presentar dolor precordial motivado por cardiopatía isquémica que después de diferentes estudios, incluido estudio hemodinámico con colocación de stents, precisó posteriormente cirugía coronaria con un pontaje x 4. El costo aproximado podría estar también alrededor de los 100.000 euros. Naturalmente todos los pacientes fueron atendidos con la profesionalidad y dedicación habitual y en ningún momento nos cuestionamos su atención.

Al mismo tiempo, siendo Presidente de la Sociedad Española de Nefrología, fuí preguntado por el Ministerio de Sanidad (legislatura socialista) acerca del número de pacientes inmigrantes "ilegales" que recibían diálisis en España. Obviamente existía una preocupación acerca del número que en España podrían ser tratados, sin disminuir las prestaciones sanitarias a los ciudadanos españoles. La cuestión era sencilla de responder: ¿podremos atender a 1000? Pues hemos de pedir a los españoles que comprendan que hemos de gastar más de 600.000 euros en ello. ¿O la cifra son 100.000 pacientes a los que hemos de asistir? Entonces los ciudadanos españoles deben aceptar que gastemos seiscientos millones de euros. Pero ustedes han de decirnos dónde ponen el listón y evitar que nos lleguen a las consultas. Una vez que lleguen allí, nosotros les atenderemos, como es natural.

Toda prestación gratuita es una llamada para muchísimos ciudadanos de muchísimos países (desgraciadamente sin Servicios Nacionales de Salud) a acudir con sus familiares para recibir tratamientos médicos financiados con los impuestos de los españoles. Así que supongo que el lector estará de acuerdo: parece necesario regular esta situación si queremos mantener el Sistema Nacional de Salud Español evitando la llamada general. Una regulación, insisto para que quede muy claro, cuya finalidad es preservar la asistencia publica y gratuita a los ciudadanos españoles y evitar su progresivo deterioro.

¿Y saben cual es el problema de esta regulación? El mismo que tengo yo cuando estoy escribiendo estas notas que no sé si usted leerá alguna vez. Es la demagogia de quienes se consideran protectores del Sistema Nacional de Salud Español, quienes nos llamarán racistas a los que mientras nos ocupamos de estos pacientes inmigrantes ilegales, intentamos preservar al mismo tiempo la Sanidad Pública para que también podamos tratarlos a ustedes. Es la demagogia de quienes disparan con pólvora ajena y para demostrar su "generosidad", aumentan la carga económica que cada español tiene que dedicar a la asistencia sanitaria. Ellos invitan, se llaman solidarios, el resto son insolidarios pero lo pagamos todos.

¿Quién tenía que hacer esa regulación? Los españoles elegimos un Gobierno democráticamente y, por lógica, si queremos avanzar como país, hemos de obedecer lo que estos representantes acuerden. Es pues el Gobierno, si es valiente y quiere proteger nuestro Sistema Nacional de Salud, quien debe hacer esa regulación y nosotros a obedecer. Si no nos gusta, los cambiamos; pero cuando toque, que hay algunos que se quieren merendar la cena. Así que la regulación, que es obligada como digo para mantener la asistencia pública gratuita, y que debía haberla hecho el Gobierno hace mucho tiempo, ha sido aprobada Nadie se atrevió hasta ahora, en un momento en el que el Sistema Público de Salud comienza a respirar desacompasadamente .Quizás sea ya demasiado tarde.

Y a esa regulación tan necesaria se oponen con lo que llaman objeción de conciencia o desobediencia civil los representantes de los Colegios de Médicos, los Sindicatos y asociaciones diversas, algunas Comunidades Autónomas ….No , no es que lo vayan a pagar ellos, simplemente se oponen, pero nos pasarán luego la cuenta.

Y ¿a qué se oponen? Veamos lo que dice la Unión Europea y lo que dice el Gobierno español El Parlamento Europeo ha aprobado, tras casi tres años de negociaciones, una directiva sobre los inmigrantes ilegales. La nueva norma prevee que los Estados legalicen a los inmigrantes o les pidan que abandonen el país, para lo que se dará un periodo de salida entre 7 y 30 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. "Se ha de facilitar a estos hombres, mujeres y niños una asistencia básica, en la mayoría de los casos gratuita, que incluya especialmente las urgencias, la asistencia obstétrica y pediátrica. Por otra parte, las necesidades de salud pública deben contribuir a prevenir y tratar patologías contagiosas".

Por otra parte, lo que el Gobierno español ha aprobado mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones es lo siguiente: "La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular". Supongo que el lector habrá apreciado la precisa coincidencia entre lo que dice el Gobierno y lo que ha aprobado el Parlamento Europeo.

Pero avancemos algo más ¿cómo están estas cosas en los países europeos? No todos los países europeos se rigen por los mismos criterios. En Bélgica la población inmigrante sin permiso de residencia sólo puede acceder gratuitamente a la Aide Médicale Urgente (Ayuda Médica Urgente). En el caso de Francia las personas inmigrantes sin permiso de residencia tienen reconocido legalmente el acceso a la atención sanitaria gratuita (salvo algunas excepciones menores) a través de un sistema administrativo paralelo llamado Aide Médicale État (Ayuda Médica del Estado). Sin embargo, para poder disfrutar de ese derecho deben cumplir dos condiciones: haber residido en Francia durante un periodo superior a tres meses y no superar un umbral económico determinado (598 euros) Para poder cumplir estas condiciones deben seguir una serie de trámites administrativos que acaban por ser grandes obstáculos en su acceso a la atención sanitaria. En Alemania, los inmigrantes ilegales tienen acceso a las urgencias, a la maternidad y los tratamientos retrovirales del VIH, aunque antes tienen que acudir a los servicios sociales y estos tienen la obligación de denunciar la situación irregular. En Reino Unido hace falta residir durante doce meses para acceder al sistema médico. En el caso de inmigrantes sin permiso de residencia, sólo pueden acceder gratuitamente a la atención primaria (si es aceptado por el médico), a urgencias, a planificación familiar, al tratamiento de enfermedades contagiosas (salvo VIH) y a salud mental en casos agudos. Desde 2004 tienen que pagar íntegramente los gastos de otros tratamientos o diagnósticos hospitalarios, incluyendo la atención especializada, las hospitalizaciones, los cuidados pre y postnatales, los medicamentos y el tratamiento del VIH. Además, se les puede denegar el acceso a estos servicios si no pueden avanzar el pago, siempre que el tratamiento pueda esperar hasta que el paciente regrese a su país de origen. En Italia los 'sin papeles' tienen derecho a la atención "urgente y esencial", a los cuidados preventivos y a los relacionados con la salud pública. Y en Holanda sólo se atienden las urgencias y las enfermedades contagiosas. Suecia y Austria no ofrecen cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular bajo ningún supuesto, tanto es así que en Suecia dar a luz a una inmigrante sin papeles le supone un coste de 2.200 euros, algo gratuito en el caso de los residentes. La normativa es diferente en el caso de los menores, que en la gran mayoría de los casos, los países excluyen a los niños de estas restricciones, a los que la legislación otorga todo tipo de derechos en materia sanitaria.

Y se me olvidaba algo del Parlamento Europeo: "los médicos no deben prestarse a prácticas que favorezcan el fraude o la trasgresión de la legislación nacional con la excusa de realizar actos humanitarios."

Yo atiendo a inmigrantes ilegales cuando llegan a mi consulta y apruebo con fírmeza el decreto del Gobierno. Y si usted quiere preservar el Sistema Nacional de Salud , público y gratuito, debería aprobarlo también.

Angel L M de Francisco, Catedrático de Medicina

Hospital Universitario Valdecilla (Santander)

Colegio de Enfermeros preocupado por falta de seguridad en farmacias de hospitales

Colegio de Enfermeros preocupado por falta de seguridad en farmacias de hospitales

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los enfermeros a continuar hoy con las concentraciones a las puertas de los centros de trabajo

CONTRATOS/NORMAS DE TRABAJO

Satse alienta a los enfermeros a continuar hoy con las concentraciones a las puertas de los centros de trabajo

10/08/2012 08:30 | lainformacion.com
El sindicato de Enfermería Satse en de Castilla y León ha alentado a los enfermeros a continuar este viernes con las concentraciones a las puertas de los centros de trabajo a la que ha sumado una "sentada" el próximo 16 de agosto a las puertas de la Consejería de Presidencia para protestar por la suspensión de paga de productividad al personal del Sacyl y la bajada del sueldo que se va a producir en la nómina de septiembre.
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VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El sindicato de Enfermería Satse en de Castilla y León ha alentado a los enfermeros a continuar este viernes con las concentraciones a las puertas de los centros de trabajo a la que ha sumado una "sentada" el próximo 16 de agosto a las puertas de la Consejería de Presidencia para protestar por la suspensión de paga de productividad al personal del Sacyl y la bajada del sueldo que se va a producir en la nómina de septiembre.

El sindicato ha recalcado, en un comunicado recogido por Europa Press, que mantiene las exigencias a la Consejería de Sanidad y a la Junta de Castilla y León de que se retiren algunas de las medidas de recorte realizadas a los trabajadores sanitarios "para evitar que se vean afectados doblemente por la situación de crisis que se está viviendo".

Por otra parte, ha rechazado "tajantemente" los recortes respecto a los profesionales sanitarios dependientes de la Consejería de Sanidad y que se van a ver reflejados ya en la nómina del mes de septiembre "pues la suspensión de la paga de la productividad variable así como la disminución de un 45 por ciento del complemento que se percibía en la nómina de cada mes se va a aprobar en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar el próximo día 16 de agosto con carácter urgente y extraordinario".

Por ello, Satse Castilla y León ha convocado una "sentada" en el momento de su aprobación "para protestar por el trato injusto y discriminatorio que están sufriendo los trabajadores sanitarios, y en concreto los enfermeros, en relación al resto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León".

"No podemos olvidar que las condiciones laborales de la enfermería en Castilla y León ya estaban deterioradas por la presión asistencial derivada de la falta de sustitución y son más penosas que las de otros empleados públicos por la realización de turnos de mañana, tarde y noche, por el trabajo en festivos, por la realización de guardias de 24 horas seguidas o bien porque el desempeño de la actividad asistencial se tenga que llevar a cabo en una ambulancia o en la vía pública, algo que genera un importante riesgo y una alta peligrosidad", alertó el sindicato.

Por ello, Satse cree "intolerable" que muchas de las medidas de ajuste que están realizando tanto los gobiernos central y autonómico tengan que recaer en los profesionales sanitarios "sin tener en cuenta el desgaste profesional, laboral y personal que los mismos están sufriendo".

Es por ello que desde Satse se pide a todos los enfermeros, matronas y fisioterapeutas que apoyen todas las medidas de presión que se realicen durante las próximas semanas y que se secunde la huelga general de la enfermería de Castilla y León prevista para el próximo 26 de septiembre.

LUJAN: “TRABAJAMOS SOBRE LAS NECESIDADES REALES QUE TENEMOS EN EL ÁREA DE SALUD”

El Ministerio de Salud y la Universidad de la Patagonia desarrollan proyectos para incrementar formación de profesionales de la salud. Apuntan a incrementar el número de graduados. Podría reabrirse la carrera en otras sedes universitarias de la provincia.

El Ministro de Salud del Chubut, Osvaldo Lujan, se reunió con la decana

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con el fin de coordinar estrategias y proyectos de trabajo conjuntos que permitan fortalecer la formación del recurso humano en salud. Del encuentro participó también la vicedecana Sara Fernández y el asistente del Ministerio, Claudio Domínguez.

"Venimos haciendo un trabajo articulado desde el 4 de mayo sobre las carreras de formación profesional relacionadas con el área de salud, y las necesidades reales que tenemos en ese ámbito", detalló el Ministro de Salud, y señaló que "el objetivo es la formación de profesionales en los distintos rubros que tenemos necesidades reales".

En función de esto se están desarrollando distintos proyectos "que van desde la formación de niveles medios a la formación en enfermería", explicó Luján, al tiempo que reconoció el prestigio de la UNPSJB como "formadora de recursos humanos". Se destaca entre los proyectos trabajados el que apunta a atraer ingresantes a la carrera al tiempo que se brinda la oportunidad de formación a jóvenes del interior de la provincia, contemplando para ello la posible apertura de la carrera de Enfermería en las otras sedes de la Universidad.

Un trabajo articulado para optimizar los recursos

El funcionario sostuvo que "ante los recursos escasos, trabajar en forma articulada nos permite ser más eficientes en el uso de estos recursos y complementarnos en favor de la comunidad de toda una provincia". En este sentido, Lujan apuntó que "se habla de la escasez de recursos humanos, pero no son sólo médicos los que faltan, el profesional de enfermería es fundamental como sustento de lo que es la atención cotidiana en salud".

"En buenahora que la Provincia busque trabajar con nosotros en forma conjunta nuevamente, y nosotros poder responder a una demanda tan crítica como es la formación de recursos humanos en enfermería", valoró la decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco, y recordó que algunos años atrás esta posibilidad de trabajo mancomunado se había "cortado". Con notable orgullo en la voz, la decana afirmó que "el enfermero formado en esta Universidad tiene un perfil que responde a las realidades del medio, y son profesionales reconocidos y requeridos".

Una carrera con historia y un nuevo impulso

La carrera de Enfermería comenzó a dictarse en la UNPSJB en el año 1982, y en la actualidad tiene un promedio de 40 graduados por año, mientras que la licenciatura en enfermería, que comienza cada dos años, arroja un promedio bianual de 50 graduados en toda la provincia, ya que se dicta con modalidad a distancia.

"Tenemos una trayectoria importante, no solamente en la provincia sino en toda la región", consideró Blanco. Como evidencia palpable de su afirmación, la decana mencionó que "desde el año '95, en convenio con las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, y financiamiento externo, formamos los primeros licenciados en enfermería para toda la región patagónica, cuando de Neuquén hacia el sur había sólo 13 licenciados, y nosotros logramos formar -con título de grado-más de 160".

En lógica evolución, señaló que "formado el recurso humano nos fortalecemos como carrera y empezamos a dictarla por nuestros propios medios", y detalló que "desde el año '95, ya en convenio con la Organización Panamericana de la Salud, hicimos un fuerte trabajo de desarrollo de la enfermería en la región". Blanco explicó que durante los primeros años de trabajo, "esta metodología permitió profesionalizar a los auxiliares de enfermería, reconvertir auxiliares empíricos en auxiliares, formar enfermeros en los cuatro hospitales más grandes de la provincia con la metodología estudio-trabajo, y además formar licenciados".

Sin embargo, "hace algunos años lamentablemente perdimos esta posibilidad de trabajar de manera conjunta con la Provincia en las diferentes sedes, específicamente Esquel, Puerto Madryn y Trelew, aunque formando desde Comodoro", continuó. Es por este nuevo impulso que se le otorga al área de salud desde el Gobierno Provincial, que la decana valoró el trabajo mancomunado que se propone desde la gestión de Martín Buzzi, y resaltó "el sistema de pasantías rentadas que la Facultad mantiene con el Estado Provincial, y que posibilita que alrededor de 30 estudiantes puedan hacer sus prácticas en el Hospital Austral y en el Regional".

SANTO DOMINGO,Enfermeras reclaman pensiones justas

Santo Domingo. La presidenta de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG), Ivelisse Sánchez, llamó ayer al gobierno a que se creen las condiciones para que las pensiones del personal de enfermería en todo el país sean dignas y justas.

Ivelisse Sánchez explicó que la ley 379 se establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y empleados públicos, donde la jubilación será automática al cumplirse más de 30 años de servicios y sesenta (60) años de edad al cumplirse más de treinta y cinco (35) años de servicios sin tomar en cuenta la edad.

Sin embargo, Sánchez aseguró que hoy en día hay enfermeras que por error han sido pensionadas y jubiladas con una escala del sueldo menor que la que corresponde. "Por consiguiente ADEG pide a las autoridades competentes que hagan un alto y revisen todas las jubilaciones y pensiones otorgadas al personal de enfermería, las cuales están siendo retiradas hasta con menos de 10 mil pesos" manifestó.

Cerca de mil médicos, dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por atender a los ‘sin papeles’

ACONSEJAN ATENDER FUERA DEL HORARIO LABORAL

Cerca de mil médicos, dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por atender a los 'sin papeles'

  • El Consejo General de Enfermería advierte que podrían ser acusados de "desobediencia civil" y los colegios de médicos respaldan la iniciativa
  •   Cerca de mil médicos, dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por atender a los 'sin papeles'
    REPÚBLICA/AGENCIAS | MADRIDPUBLICADA EL 10-08-2012

    Los cerca de mil médicos que han decidido acogerse a la objeción de conciencia para atender a los inmigrantes sin papeles en contra del decreto aprobado por el Gobierno podrían enfrentarse a complicaciones judiciales, puesto que esta iniciativa podría ser considerada "desobediencia civil o insumisión", según ha advertido el Consejo General de Enfermería ante preguntas de sus afiliados. Los colegios de médicos de toda España continúan apoyando la decisión y desde los sindicatos recuerdan "el médicohace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión".

    El Consejo General de Enfermería respondió en un comunicado a la avalancha de dudas que le han transmitido acerca de la objeción de conciencia y aclaró que es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la única entidad estatal con plena competenciapara decidir y determinar qué personas pueden acceder a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos y que  los profesionales sanitarios están obligados al cumplimiento de la normativa vigente.

    El Consejo recuerda que la discrepancia con el real decreto del Gobierno debe mostrarse a través de  los cauces y con los procedimientos establecidos legalmente, incluyendo, por supuesto, los recursos pertinentes en la vía judicial contencioso-administrativa. "Pero entre esos cauces no se encuentra la objeción de conciencia, porque la misma responde a un conflicto entre el deber del objetor a obedecer a su conciencia y el de ese mismo objetor, en tanto profesional de la sanidad, a atender sus obligaciones como funcionario o empleado público, supuesto que, en principio, no parece darse en el real decreto comentado".

    La decisión de atender a los 'sin papeles' podría ser considerada, por tanto, "desobediencia civil o insumisión", según comentó a la Cadena Ser el presidente del Consejo, Máximo González Jurado.

    Por ello, el Consejo propone a los colegios establecer consultas de enfermería que atiendan "de forma altruista" aestos enfermos fuera del horario laboral. Una solución que no convence a los opositores del decreto. "La obligación del personal sanitario cuando alguien necesite ayuda médica debe ser atenderlo", explica el presidente de Sanidadde CSIF, Fernando Molina. La situación es muy compleja. Si un inmigrante irregular fallece tras ser atendido en contra de la legislación vigente, la administración no se haría responsable subsidiaria del hecho. La responsabilidad recaería sobre el objetor.Para evitar llegar a tal extremo, Molina pide diálogo al Gobierno, aunque reconoce que hasta ahora el Ministerio no ha dado muestras de querer sentarse a la mesa para negociar.

    "Una larga batalla judicial"

    Los médicos ya han advertido que están dispuestos a "recurrir a una larga batalla judicial", afirma Salvador Tranche, el secretario de la Sociedad Española de Medicina y Comunitaria (semFYC). "Seguiré atendiendo a mis pacientes porque tengo un compromiso con ellos que se ha visto alterado de la noche a la mañana", aseguró el facultativo, que ya se ha declarado objetor de conciencia.

    El número de doctores que están dispuestos a enfrentarse a problemas judiciales por no aplicar la norma que entrará en vigor el 1 de septiembre, y que obliga a los 'sin papeles' a pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud, aumenta cada día.
    "El médico hace un juramento hipocrático por el que está obligado a atender a cualquier paciente independientemente de su raza, sexo o religión", recuerda Pilar Navarro, secretaria del sector salud y sociosanitario de UGT. "Prevemos una batalla jurídica, pero también en la calle contra estas medidas", añade.
    En la página web de semYFC ya han firmado más de 1.000 profesionales un documento en el que se declaran objetores. Sin embargo, querer atender no garantiza que las pacientes no regularizados puedan acceder a los servicios médicos, ya que su registro se borrará desde el 1 de septiembre. "Yo he informado a mi centro de salud y al trabajador social para que me deriven a estos pacientes", asegura Tranche, pero en caso de requerir un tipo de prueba médica complementaria, el paciente podría ser rechazado por el nuevo facultativo.


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