Otras instituciones públicas podrían encarar reclamos salariales millonarios de los enfermeros, similares a los que hoy enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según la Asociación Nacional de Enfermeros Profesionales (ANPE), entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), hay unos 160 afiliados que también harían valer el Estatuto de Servicios de Enfermería, publicado en octubre de 1987, pero vigente nueve meses después (julio de 1988).
"Todos los enfermeros profesionales que trabajan en el Gobierno Central tienen derecho a esto, pues se hizo un cálculo inadecuado a la hora de pagar sus salarios", dijo Rodrigo López García, secretario general de ANPE.
Por ahora, solo la Caja acumula tres denuncias, desde el 2002, las cuales, de acuerdo con López, están en la fase de ejecución de la sentencia. La primera de ellas es la de un grupo de 129 profesionales en Enfermería a quienes se les debe cancelar, de forma retroactiva, lo que les deben desde 1988. Un juez determinó que hubo un mal cálculo salarial.
Esa primera demanda representará para la Caja un pago de ¢3.800 millones, confirmó José Luis Loría, directivo y presidente de la Comisión de Pluses de la Junta Directiva de la institución. Además, hay otros 942 casos que podrían implicar para la CCSS una erogación de más de ¢100.000 millones, en reconocimientos de ajustes salariales retroactivos.
Deuda crece. En lo que respecta a esa institución, López dice que los trabajadores y sus representantes intentaron negociar en su momento, pero la Caja no quiso y así pasaron de instancias administrativas a judiciales, donde la Sala II les dio la razón en el 2010.
"Seis años después, se han acumulado intereses mayúsculos. ¿No debía un funcionario público prever que este evento pudiera venir y evidenciar mayores cosas para el Estado si ya estaba advertido de que los procedimientos jurídicos estaban dando la razón?", cuestionó López.
Wilfredo Gómez, enfermero profesional que forma parte del segundo grupo que demandó a la Caja, asegura que solo el pago de intereses representa entre un 60% y un 70% del monto total que la institución deberá cancelar.
Hubert May Cantillano, apoderado especial judicial de gran parte de los profesionales en Enfermería que demandan a la CCSS, dijo a La Nación, que "esta situación es de entera responsabilidad de la CCSS".
"Es muy fácil para los directivos de la CCSS hacerse las 'víctimas' cuando lo cierto es que han sido negligentes en este tema y son enteramente responsables de sus actos. ¿Cuáles actos? Haber aplicado mal la ley del gremio de enfermeras. (...) No es correcto ni ético pretender echar la culpar a los jueces y magistrados, personas muy honorables, estudiosas y serias", señaló el jurista.
Para May, "no se trata de un asunto de pluses salariales, pues la falla estuvo en el error cometido al disminuir el salario base, que es el parámetro de cálculo para otro tipo de beneficios".
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