La Defensora del Pueblo investiga una presunta discrimación entre las enfermeras de Cataluña
http://www.elconfidencial.com/espana/defensora-pueblo-investiga-presunta-discrimacion-entre-20101010-70353.html
Montilla, en un acto en el hospital Vall d'Hebrón de Barcelona (Efe)
La Oficina del Defensor del Pueblo ha tomado en consideración la denuncia formulada por un grupo de enfermeras catalanas, que se quejan de que no se les reconoce la antigüedad si han trabajado en otra comunidad, por lo que reciben menos salario y menos días de permisos extra o de vacaciones. El tema fue denunciado por El Confidencial la pasada primavera.
María Luisa Cava de Llano acordó, el pasado 27 de septiembre, admitir la queja que había presentado un grupo de enfermeras -la denuncia iba firmada por diez personas- que trabajan en Cataluña “al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, que regula nuestra institución”.
En consecuencia, la Defensora del Pueblo ha iniciado “las actuaciones oportunas con los organismos administrativos competentes”. El colectivo también había apelado al Ministerio de Sanidad, a la consejería de Salud y al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán.
El Ministerio les respondió que no tenía competencias en la materia, el Síndic remitió un escrito acusando recibo de la queja (aunque a principios de julio pasado les informó de que estaba estudiando el caso) y la consejería de Salud ni siquiera contestó a la queja de las trabajadoras.
“El problema es que al aplicar el estatuto básico de la Función Pública en Cataluña, se cambió una frase: donde la ley estatal dice que a la hora de promociones o de conseguir permisos extra se han de tener en cuenta ‘los servicios prestados a la administración pública’, aquí dice se cambió por ‘los servicios prestados a la Administración de la Generalitat’. Por lo tanto, no se reconoce el tiempo trabajado si llega un trabajador de fuera de la comunidad”, explican a este diario fuentes cercanas a la denuncia. En el resto de España, sin embargo, sí se reconoce el tiempo trabajado en la Administración catalana.
Repercusiones salariales
Estas fuentes afirman que “por este motivo, no podemos beneficiarnos de los permisos extra que nos dan por antigüedad ni, por tanto, cobrar los mismos trienios o quinquenios que otros trabajadores”. El grupo de enfermeras que inició esta rebelión a bordo trabaja en el Hospital de la Vall d’Hebron, el más grande de Barcelona, donde hay unos 6.000 empleados repartidos en tres turnos. “Pero la discriminación puede afectar a otros trabajadores que no sean enfermeras o enfermeros: también están los auxiliares o los médicos, que podrían ver afectada negativamente su carrera profesional por el no reconocimiento de su trabajo en el resto de España”.
Para Ángel Hernández, ex coordinador de UPyD de Cataluña, trabajador del hospital y a quien las enfermeras solicitaron su apoyo y asesoramiento en este caso, “se trata, en definitiva, de un conflicto identitario, una discriminación más del catalanismo”.
Según las denunciantes, “la semana próxima repartiremos una copia de la carta del Defensor del Pueblo para que todo el personal que quiera sumarse a la queja lo pueda hacer”. En este sentido, la misiva de la institución madrileña pide al colectivo que traslade la información de la apertura de la investigación “al resto de compañeros interesados en la misma”.
En la Administración, no se quiere echar leña al fuego. El estatuto de la Función Pública catalán fue aprobado con el consenso de los sindicatos mayoritarios y no hay problema a la hora de aplicarlo. Otra cosa es que se quiera ver un conflicto político “donde no lo hay”. El colectivo de enfermeras también habló con la dirección del hospital, pero ésta poco puede hacer si no es aplicar la norma tal y como fue aprobada. “Por tanto -zanjan las fuentes consultadas- no existe una vía legal para reclamar. El tema se arreglaría únicamente si se declarase inconstitucional este apartado, pero eso es iniciar un proceso complejo y caro. Lo que está claro es que la ley catalana contradice lla legislación estatal”.
María Luisa Cava de Llano acordó, el pasado 27 de septiembre, admitir la queja que había presentado un grupo de enfermeras -la denuncia iba firmada por diez personas- que trabajan en Cataluña “al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, que regula nuestra institución”.
En consecuencia, la Defensora del Pueblo ha iniciado “las actuaciones oportunas con los organismos administrativos competentes”. El colectivo también había apelado al Ministerio de Sanidad, a la consejería de Salud y al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán.
El Ministerio les respondió que no tenía competencias en la materia, el Síndic remitió un escrito acusando recibo de la queja (aunque a principios de julio pasado les informó de que estaba estudiando el caso) y la consejería de Salud ni siquiera contestó a la queja de las trabajadoras.
“El problema es que al aplicar el estatuto básico de la Función Pública en Cataluña, se cambió una frase: donde la ley estatal dice que a la hora de promociones o de conseguir permisos extra se han de tener en cuenta ‘los servicios prestados a la administración pública’, aquí dice se cambió por ‘los servicios prestados a la Administración de la Generalitat’. Por lo tanto, no se reconoce el tiempo trabajado si llega un trabajador de fuera de la comunidad”, explican a este diario fuentes cercanas a la denuncia. En el resto de España, sin embargo, sí se reconoce el tiempo trabajado en la Administración catalana.
Repercusiones salariales
Estas fuentes afirman que “por este motivo, no podemos beneficiarnos de los permisos extra que nos dan por antigüedad ni, por tanto, cobrar los mismos trienios o quinquenios que otros trabajadores”. El grupo de enfermeras que inició esta rebelión a bordo trabaja en el Hospital de la Vall d’Hebron, el más grande de Barcelona, donde hay unos 6.000 empleados repartidos en tres turnos. “Pero la discriminación puede afectar a otros trabajadores que no sean enfermeras o enfermeros: también están los auxiliares o los médicos, que podrían ver afectada negativamente su carrera profesional por el no reconocimiento de su trabajo en el resto de España”.
Para Ángel Hernández, ex coordinador de UPyD de Cataluña, trabajador del hospital y a quien las enfermeras solicitaron su apoyo y asesoramiento en este caso, “se trata, en definitiva, de un conflicto identitario, una discriminación más del catalanismo”.
Según las denunciantes, “la semana próxima repartiremos una copia de la carta del Defensor del Pueblo para que todo el personal que quiera sumarse a la queja lo pueda hacer”. En este sentido, la misiva de la institución madrileña pide al colectivo que traslade la información de la apertura de la investigación “al resto de compañeros interesados en la misma”.
En la Administración, no se quiere echar leña al fuego. El estatuto de la Función Pública catalán fue aprobado con el consenso de los sindicatos mayoritarios y no hay problema a la hora de aplicarlo. Otra cosa es que se quiera ver un conflicto político “donde no lo hay”. El colectivo de enfermeras también habló con la dirección del hospital, pero ésta poco puede hacer si no es aplicar la norma tal y como fue aprobada. “Por tanto -zanjan las fuentes consultadas- no existe una vía legal para reclamar. El tema se arreglaría únicamente si se declarase inconstitucional este apartado, pero eso es iniciar un proceso complejo y caro. Lo que está claro es que la ley catalana contradice lla legislación estatal”.
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