Desde hace más de dos años, una joven de 24 años, que denunció haber sido víctima de trata de personas, vive una situación de desamparo que llevó a la organización no gubernamental Foro de Santa Fe contra la Trata a alojarla en la casa de una de sus integrantes para impedir que sea llevada por tercera vez a Corrientes, donde nació y adonde no quiere volver. Incluso, en 2012, la joven acusó a un enfermero del Samco de Santo Tomé de abuso sexual, lo que implicó su traslado de ese centro de salud, adonde estaba alojada. En total, estuvo 17 meses internada en distintas instituciones de salud de la provincia, a falta --denuncia el Foro-- de lugares específicos para asistir a víctimas de trata. En la actualidad, y después de varias gestiones, está internada en el refugio que funciona en el hospital Sayago. Para proteger su identidad, se la identificará como S.
Desde el Foro, denunciaron que S. fue encontrada "el 3 de abril de 2012, caminando por el puente carretero por un policía fuera de servicio, que la traslada a la comisaría 12 de Santo Tomé y luego, al Samco de esa localidad". Desde la Municipalidad comprueban que tenía un pedido de paradero, desde octubre de 2008, en Corrientes. Como ocurre con la mayoría de las víctimas de ese delito, su relato era confuso, por eso es necesaria la asistencia profesional, como está claramente pautado en la ley 26.842, de diciembre de 2012. Entre los derechos de las víctimas se encuentra "Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social", también "recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal" y "recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo".
La chica denunció que fue llevada desde Corrientes hasta la localidad de San Justo por dos hombres, a cambio de mantener relaciones sexuales, y que allí, fue obligada a ejercer la prostitución por una mujer. La denuncia policial fue girada al juzgado de instrucción en turno, que se declaró incompetente y la remitió al juzgado federal número 2.
S. estuvo cuatro meses en el Samco de Santo Tomé. Ante un pedido de acceso a la información pública presentado este año por el Foro de Santa Fe Contra la Trata, la única dependencia oficial que respondió fue la Municipalidad de Santo Tomé. El 10 de febrero de 2014 hicieron un detallado informe de la primera parte del periplo de la víctima. El documento indica que S. expresó "muy claramente que no quería ni volver ni saber nada de ese lugar ni de su familia, por ser víctima de abusos sexuales y malos tratos desde su infancia, siendo éste un discurso sostenido a lo largo del tiempo". Incluso, la madre de S. llegó a Santo Tomé, pero la joven se negó a verla. Profesionales de la Residencia en Salud Mental de esa localidad acompañaron a S. a hacer la denuncia. Según refieren, se comunicaron con la Oficina de Rescate y Atención de las Víctimas de Trata de la Nación, quienes "expresan que lo único que ellos realizan es el acompañamiento a las víctimas rescatadas en el momento de hacer las denuncias".
El documento lo firman Mario Montenegro, subsecretario de Salud de Santo Tomé, junto a la directora de Acción Social, María Isabel Artigues y la Coordinadora de Políticas de Género de Violencia Familiar, Carina Depaoli. Relataron las gestiones realizadas para que S. ingrese al Programa de Protección de Testigos. "La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia lo consideró inviable", indicaron.
El 7 de junio de 2012, el juzgado federal número 2 decide -luego de tomar declaración a la víctima- "rechazar la competencia" y "devolver las actuaciones al juzgado provincial". La resolución, firmada por una secretaria del juzgado, refiere a "severas y profundas contradicciones que impiden siquiera una mínima reconstrucción de las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho del que habría resultado víctima". Desde el Foro denuncian que S. no fue asistida por profesionales especializados en la temática. "S. sufre un traumatismo serio. Sus relatos comienzan a los ocho años, primero con historias de abuso familiar, y luego, su propia familia, empieza a explotarla sexualmente", relató María Claudia Albornoz, del Foro, que denuncia "el incumplimiento de parte del Estado provincial de las leyes que amparan a niñas, adolescentes y mujeres, acrecentando su vulneración".
La situación de S. sería cada vez más compleja. "Frente a una denncia de abuso por parte de un enfermero del Samco, se hace necesario acelerar el proceso de traslado que venía siendo estudiado, ya que no se contaba el lugar adecuado en las instituciones de alojamiento que tiene la provincia", dice el documento, y sostiene además que la Coordinadora de Políticas de Género "solicitó al efector que realice las acciones correspondientes frente a la denuncia".
La Municipalidad de Santo Tomé también tramitó el alojamiento de S. en la ONG Vínculos, de Villa María (Córdoba), que a los pocos días expresa no sentirse en condiciones de acompañar a S. por sus "particularidades" y solicitaron que vuelva a Santa Fe.
Allí comenzó otra etapa: estuvo más de un año en el hospital Protomédico Manuel Rodríguez, en Recreo. El Foro contra la Trata recién la conoció en agosto de 2013, cuando vivía en ese centro de salud. "Nos manifestó su cansancio de vivir en hospitales, así como su deseo de permanecer en Santa Fe y la negativa de volver a Corrientes", indicaron las integrantes de la ONG. En esos días, S. fue trasladada a Corrientes. "Presentamos notas al Nodo Santa Fe y a la Dirección Provincial de Salud Mental para saber el destino de S. y los motivos de la decisión, que nunca fueron respondidas", continuaron. El estado provincial envió dos veces a S. a Corrientes, acompañada de profesionales del área de Salud, pero ella volvió a Santa Fe en las dos oportunidades.
El pedido de acceso a la información pública que realizó el Foro a principios de este año también fue presentado en distintas oficinas provinciales como la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; la Dirección Provincial de Salud Mental y la Dirección Provincial de Políticas de Género. La pregunta era sobre las "intervenciones realizadas para la protección y asistencia de la joven en el marco de garantizar sus derechos humanos", pero todos los funcionarios respondieron sobre políticas públicas en general, y se negaron a dar información sobre el caso, amparados en las leyes que protegen la identidad de las víctimas.
El Foro de Santa Fe contra la Trata también recurrió al fiscal Martín Suárez Faisal, que no encontró elementos para impulsar la reapertura de la causa.
S. no volvió a declarar, y tampoco recibió la contención que plantea la ley vigente. Por ejemplo, el protocolo de atención a víctimas de trata de la provincia de Buenos Aires indica que "el equipo de salud deberá contemplar para el abordaje de estas situaciones, que el arrasamiento subjetivo que ha sufrido la persona requerirá de ciertos tiempos, de una atención personalizada, del armado de una red social, que apunten a la restitución y mejoramiento de su salud y calidad de vida".
El Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz, no quiso referirse al caso concreto. "Trabajamos todos los casos de trata, de distintas formas. En cuanto a la inexistencia de refugios, no es cierto. Existen plazas con distintas formas y abordajes según la situación. Este en particular es un caso que nosotros hemos trabajado muchísimo. El lunes, a las 8.30, tenemos una reunión con todos los equipos que trabajaron en este tema", dijo el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz.
En el ínterin, la joven estuvo alojada en la casa de una de las integrantes del Foro. La semana pasada, y ante una nueva gestión frente al estado provincial, la Dirección Provincial de Políticas de Género accedió a su internación en el hospital Sayago. "No hay ningún lugar para asistir a víctimas de trata. Hicieron una presentación bastante rimbombante de casas de amparo, pero cuando vamos a requerir que se asista allí a mujeres, no te dan respuestas o te mandan a una institución que no está especializada, como es el Sayago", indicó Albornoz, quien consideró que desde el Estado "se quieren sacar de encima" el problema. Y hace una salvedad sobre la responsabilidad del Foro. "Nosotras no estamos preparadas. No somos un equipo interdisciplinario, somos activistas. Por eso aceptamos la decisión de que vaya al refugio, con el dolor que tenemos en el alma".
Elena, Esther y Pilar en la Plaza El Salvador. IAC
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