NEUQUÉN (AN).- Ana María Reyes, Roxana Maripil y Gastón Osorio, junto a dos compañeros más, trabajaban en el sector de Oncología, un edificio pequeño con tres áreas: una donde se prepara la medicación (en una sala vidriada hay una "campana de flujo laminar" que permite manipular las drogas sin contaminar al operador ni al ambiente), una sala de enfermería, donde se realiza la quimioterapia y un baño.
La campana llegó en 2000, pero con serias deficiencias por lo que desde ese tiempo comenzaron a pedir la aireación y ventilación del área. Si bien el equipo de flujo laminar fue reparado, en 2005 se produjo la primera intoxicación de una enfermera.
En 2008 los trabajadores comenzaron a sentir olores extraños, tenían ardor en los ojos, dolores de cabeza, se les secaban las mucosas, y dos enfermeras presentaron los síntomas más visibles: se les escamó la frente, la nariz y las mejillas. Un mes más tarde llegó el informe sobre el funcionamiento de la campana, donde se alertaba sobre su imposibilidad de continuar usándola ante una fuga de filtros, por lo que a los cinco les dieron un certificado por "accidente laboral".
La propia voluntad y el poco apoyo que recibieron en el hospital los llevó a estudiar sobre las consecuencias que podría generar la exposición a drogas oncológicas. Reyes recordó que tuvieron que exigirle a la ART que les realicen estudios específicos, no sólo los de rutina. Con los resultados en mano viajaron a Buenos Aires y se contactaron con la genetista Elsa Altamirano, quien en marzo de 2001 dictaminó, entre otras cosas, que "no es posible estimar el nivel de daño ni su duración aunque existiría un mayor riesgo de patologías tumorales que la población general".
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