OPINIÓN
Médicos e inmigrantes ilegales
Al mismo tiempo, siendo Presidente de la Sociedad Española de Nefrología, fuí preguntado por el Ministerio de Sanidad (legislatura socialista) acerca del número de pacientes inmigrantes "ilegales" que recibían diálisis en España. Obviamente existía una preocupación acerca del número que en España podrían ser tratados, sin disminuir las prestaciones sanitarias a los ciudadanos españoles. La cuestión era sencilla de responder: ¿podremos atender a 1000? Pues hemos de pedir a los españoles que comprendan que hemos de gastar más de 600.000 euros en ello. ¿O la cifra son 100.000 pacientes a los que hemos de asistir? Entonces los ciudadanos españoles deben aceptar que gastemos seiscientos millones de euros. Pero ustedes han de decirnos dónde ponen el listón y evitar que nos lleguen a las consultas. Una vez que lleguen allí, nosotros les atenderemos, como es natural.
Toda prestación gratuita es una llamada para muchísimos ciudadanos de muchísimos países (desgraciadamente sin Servicios Nacionales de Salud) a acudir con sus familiares para recibir tratamientos médicos financiados con los impuestos de los españoles. Así que supongo que el lector estará de acuerdo: parece necesario regular esta situación si queremos mantener el Sistema Nacional de Salud Español evitando la llamada general. Una regulación, insisto para que quede muy claro, cuya finalidad es preservar la asistencia publica y gratuita a los ciudadanos españoles y evitar su progresivo deterioro.
¿Y saben cual es el problema de esta regulación? El mismo que tengo yo cuando estoy escribiendo estas notas que no sé si usted leerá alguna vez. Es la demagogia de quienes se consideran protectores del Sistema Nacional de Salud Español, quienes nos llamarán racistas a los que mientras nos ocupamos de estos pacientes inmigrantes ilegales, intentamos preservar al mismo tiempo la Sanidad Pública para que también podamos tratarlos a ustedes. Es la demagogia de quienes disparan con pólvora ajena y para demostrar su "generosidad", aumentan la carga económica que cada español tiene que dedicar a la asistencia sanitaria. Ellos invitan, se llaman solidarios, el resto son insolidarios pero lo pagamos todos.
¿Quién tenía que hacer esa regulación? Los españoles elegimos un Gobierno democráticamente y, por lógica, si queremos avanzar como país, hemos de obedecer lo que estos representantes acuerden. Es pues el Gobierno, si es valiente y quiere proteger nuestro Sistema Nacional de Salud, quien debe hacer esa regulación y nosotros a obedecer. Si no nos gusta, los cambiamos; pero cuando toque, que hay algunos que se quieren merendar la cena. Así que la regulación, que es obligada como digo para mantener la asistencia pública gratuita, y que debía haberla hecho el Gobierno hace mucho tiempo, ha sido aprobada Nadie se atrevió hasta ahora, en un momento en el que el Sistema Público de Salud comienza a respirar desacompasadamente .Quizás sea ya demasiado tarde.
Y a esa regulación tan necesaria se oponen con lo que llaman objeción de conciencia o desobediencia civil los representantes de los Colegios de Médicos, los Sindicatos y asociaciones diversas, algunas Comunidades Autónomas ….No , no es que lo vayan a pagar ellos, simplemente se oponen, pero nos pasarán luego la cuenta.
Y ¿a qué se oponen? Veamos lo que dice la Unión Europea y lo que dice el Gobierno español El Parlamento Europeo ha aprobado, tras casi tres años de negociaciones, una directiva sobre los inmigrantes ilegales. La nueva norma prevee que los Estados legalicen a los inmigrantes o les pidan que abandonen el país, para lo que se dará un periodo de salida entre 7 y 30 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. "Se ha de facilitar a estos hombres, mujeres y niños una asistencia básica, en la mayoría de los casos gratuita, que incluya especialmente las urgencias, la asistencia obstétrica y pediátrica. Por otra parte, las necesidades de salud pública deben contribuir a prevenir y tratar patologías contagiosas".
Por otra parte, lo que el Gobierno español ha aprobado mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones es lo siguiente: "La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular". Supongo que el lector habrá apreciado la precisa coincidencia entre lo que dice el Gobierno y lo que ha aprobado el Parlamento Europeo.
Pero avancemos algo más ¿cómo están estas cosas en los países europeos? No todos los países europeos se rigen por los mismos criterios. En Bélgica la población inmigrante sin permiso de residencia sólo puede acceder gratuitamente a la Aide Médicale Urgente (Ayuda Médica Urgente). En el caso de Francia las personas inmigrantes sin permiso de residencia tienen reconocido legalmente el acceso a la atención sanitaria gratuita (salvo algunas excepciones menores) a través de un sistema administrativo paralelo llamado Aide Médicale État (Ayuda Médica del Estado). Sin embargo, para poder disfrutar de ese derecho deben cumplir dos condiciones: haber residido en Francia durante un periodo superior a tres meses y no superar un umbral económico determinado (598 euros) Para poder cumplir estas condiciones deben seguir una serie de trámites administrativos que acaban por ser grandes obstáculos en su acceso a la atención sanitaria. En Alemania, los inmigrantes ilegales tienen acceso a las urgencias, a la maternidad y los tratamientos retrovirales del VIH, aunque antes tienen que acudir a los servicios sociales y estos tienen la obligación de denunciar la situación irregular. En Reino Unido hace falta residir durante doce meses para acceder al sistema médico. En el caso de inmigrantes sin permiso de residencia, sólo pueden acceder gratuitamente a la atención primaria (si es aceptado por el médico), a urgencias, a planificación familiar, al tratamiento de enfermedades contagiosas (salvo VIH) y a salud mental en casos agudos. Desde 2004 tienen que pagar íntegramente los gastos de otros tratamientos o diagnósticos hospitalarios, incluyendo la atención especializada, las hospitalizaciones, los cuidados pre y postnatales, los medicamentos y el tratamiento del VIH. Además, se les puede denegar el acceso a estos servicios si no pueden avanzar el pago, siempre que el tratamiento pueda esperar hasta que el paciente regrese a su país de origen. En Italia los 'sin papeles' tienen derecho a la atención "urgente y esencial", a los cuidados preventivos y a los relacionados con la salud pública. Y en Holanda sólo se atienden las urgencias y las enfermedades contagiosas. Suecia y Austria no ofrecen cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular bajo ningún supuesto, tanto es así que en Suecia dar a luz a una inmigrante sin papeles le supone un coste de 2.200 euros, algo gratuito en el caso de los residentes. La normativa es diferente en el caso de los menores, que en la gran mayoría de los casos, los países excluyen a los niños de estas restricciones, a los que la legislación otorga todo tipo de derechos en materia sanitaria.
Y se me olvidaba algo del Parlamento Europeo: "los médicos no deben prestarse a prácticas que favorezcan el fraude o la trasgresión de la legislación nacional con la excusa de realizar actos humanitarios."
Yo atiendo a inmigrantes ilegales cuando llegan a mi consulta y apruebo con fírmeza el decreto del Gobierno. Y si usted quiere preservar el Sistema Nacional de Salud , público y gratuito, debería aprobarlo también.
Angel L M de Francisco, Catedrático de Medicina
Hospital Universitario Valdecilla (Santander)
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