24 mar 2014

El caso de una auxiliar de enfermería jubilada

Caso de enfermera que puso inyección letal a paciente en Hospital San Juan de Dios volverá a estrado judicial

El caso de una auxiliar de enfermería jubilada, que en el 2012 asesinó con una inyección a una vecina que estaba internada en el Hospital San Juan de Dios, volverá a la palestra judicial según lo notificado esta tarde a la Fiscalía por parte del Tribunal de Apelación.

Los hechos acusados se remontan a agosto del 2012, cuandoÁngela Barrantes Moreno ingresó vestida de enfermera a un salón del Hospital San Juan de Dios, donde se encontraba una paciente de apellido Arias.

De acuerdo con la investigación realizada por fiscales y agentes de la Policía Judicial, Barrantes inyectó cloruro de potasio a Arias, lo que le provocó la muerte minutos después.

Barrantes salió de los Tribunales al centro penal El Buen Pastor en San Rafael Arriba de Desamparados. La pena de 15 años que le impusieron podría aumentar.
Barrantes salió de los Tribunales al centro penal El Buen Pastor en San Rafael Arriba de Desamparados. La pena de 15 años que le impusieron podría aumentar. (ARCHIVO)ampliar

En diciembre anterior se condenó a Ángela  Barrantes a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple, y no por homicidio calificado, como lo había acusado la Fiscalía Adjunta de San José.

En un comunicado de prensa de la Fiscalía se informa que el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público y ordenó que el caso regrese a los Tribunales, pero únicamente para calcular una nueva pena a imponer.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel contra la imputada, por alegar que existió mala intención o dolo en la comisión del delito, sin embargo, para el Tribunal de Juicio no se logró acreditar que la actuación de la acusada fuera de manera insidiosa.

El Código Penal establece una pena de doce a 18 años de prisión para el delito de homicidio simple, mientras que para el homicidio calificado existe un castigo de 20 a 35 años.

Ahora la Fiscalía esperará que otra sección del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José convoque a una audiencia para discutir la nueva fijación de la pena.

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