Los enfermeros del Centro de Salud Mental, que el viernes en audiencia de conciliación quedaron liberados de acción, al no haber un cambio en las condiciones de seguridad laboral que motivaron el inicio del conflicto, volvieron a las medidas de fuerza, a la espera de la resolución judicial para que sea trasladado a un espacio adecuado un paciente inimputable, en el marco de la Ley Nacional.
Así lo informó a TiempoSur Maruja Contreras, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina –ATSA-, que fue una de las partes en representación de los enfermeros en la audiencia, junto con ATE, que venía respaldando el reclamo de los enfermeros desde el inicio del conflicto, a partir de un episodio violento en el nosocomio.
En la audiencia, los gremios advirtieron que no estaban dadas las garantías de seguridad para su desempeño en el Centro de Salud Mental, y pidieron la liberación de las partes, emplazando a revertir la situación en 24, lo que no ocurría hasta ayer, en que aún se esperaba la autorización judicial para el traslado del paciente.
Contreras dijo que "es en la Justicia donde está atrasada la orden que autoriza la salida del paciente a un lugar especial, que está disponiendo el Ministerio de Salud, para que se le respeten los derechos que le resguarda al paciente la Ley Nacional de Salud Mental".
La dirigente admitió que "hay otros dos pacientes inimputables, pero es a partir de un episodio con uno de ellos que se genera el conflicto", aunque también reconoció que "el pedido que está haciendo ATE "es más amplio, y nosotros decidimos acompañar, y es que se tiene que dar cumplimiento a todo lo que estipula la Ley Nacional de Salud Mental, y dentro de eso, nosotros estamos velando por la integridad de los trabajadores".
Contreras informó que en comunicación con el Ministerio de Salud, pudo conocer que las condiciones edilicias para este traslado están dadas, pero está demorado por la decisión judicial que se espera, "y se toma sus tiempos, demasiado lentos para dar una solución al conflicto".
Audiencia. A dos semanas de haber iniciado un conflicto, y con un cambio de autoridades en el medio, los enfermeros llegaron a la conciliación obligatoria el viernes, representados por ATE y ATSA, y al no obtener respuestas a su reclamo, pidieron la liberación de las partes para continuar con medidas si en 24 horas no se revertía la situación.
Contreras explicó que "no se puede obligar a los trabajadores a estar en una conciliación obligatoria cuando están vulneradas las condiciones laborales". En ese contexto inscribió el regreso a las medidas de fuerza, hasta obtener una respuesta.
A la audiencia asistieron Contreras por ATSA, con la abogada patrocinante Claudia Guerra; Raúl Gómez por ATE y la paritaria sectorial Patricia Benítez, mientras que por el Ministerio lo hicieron el subsecretario de Salud Colectiva Darío Galindo, y el director Provincial de Asuntos Legales Pablo Kairuz.
La intervención de Trabajo había sido solicitada mediante oficio por el juez subrogante Antonio Andrade, de quien según informó en este acto la representación del Ministerio de Salud depende de la aprobación del
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